UGT de Baleares está estudiando interponer una demanda contra el Govern a raíz del anuncio efectuado este miércoles por el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, quien manifestó que el Ejecutivo balear dejará de pagar el próximo año ayudas por valor de 1,5 millones de euros destinadas a sindicatos y asociaciones empresariales. Una medida que, a juicio de su secretario general, Lorenzo Bravo, «entra en la órbita de las ejercidas por Thatcher y Reagan» al equipararla con las políticas conservadoras que impulsaron en su día la ex primera ministra del Reino Unido y el ex presidente de Estados Unidos.
Durante la rueda de prensa que han ofrecido de forma conjunta UGT y CCOO, en la que Bravo, tras señalar que la demanda ya está redactada, ha justificado que con la retirada de estas ayudas se está vulnerando la Ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales. Al respecto, la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens, ha aseverado que, ya que esta normativa como la Ley Electoral «tienen el mismo espíritu, si se deja de aplicar una que también se deje de aplicar la otra y se deje de subvencionar a los partidos políticos».
Tal y como ha puesto de manifiesto Vicens en su intervención ante los medios, tras el encuentro mantenido este jueves con los representantes de los sindicatos y las asociaciones empresariales para comunicarles su actuación, «nos quedó claro que no hay diálogo social y no contamos con que lo vaya a haber, ya que para el Govern la defensa de los derechos de los trabajadores, el fomento de unas condiciones dignas y el respeto de los convenios colectivos no es una prioridad. Les es absolutamente igual», ha reprochado.
Así las cosas, la responsable sindical ha reclamado al Ejecutivo presidido por José Ramón Bauzá que especifique «cuáles son sus prioridades», al tiempo que ha considerado «desacertado» que durante el encuentro de ayer Aguiló manifestase que «una de sus prioridades son las sillas de ruedas». «No entendemos cómo un cargo público que debería cuidar más su lenguaje puede referirse de forma tan despectiva a este colectivo», ha lamentado.
En este contexto, la secretaria general de CCOO ha considerado que las relaciones con el Govern «no pueden empeorar más» y ha vaticinado que «lo único que puede pasar es que no haya relación con los agentes sociales». «Después de cinco meses de gobierno, el Ejecutivo continúa absolutamente inoperante y no sabe cómo gestionar a los 76.000 desempleados que hay en la Comunidad», ha aseverado Vicens, quien se ha lamentado además que la Administración pública deje de invertir fondos propios en los servicios de orientación para los parados.
Asimismo, ha subrayado que el Govern «está poniendo en peligro» la convocatoria para 2011 de formación para ocupados, a la que debían destinarse ocho millones de euros procedentes de Madrid, que a su parecer «no pagará el dinero si el Ejecutivo balear no pone en marcha esta iniciativa». Es por ello que ha tildado de «falacia» el hecho de que el Govern considere la formación «como la autopista del futuro».
«Intentan ahogar toda organización ciudadana de estas islas, tanto las que prestan servicios sociales como las que defienden los derechos de los más desfavorecidos, y lo justifican diciendo que hay otras prioridades por las que abogan únicamente en base a cuestiones mediáticas», ha criticado Vicens, quien finalmente se ha referido a la situación que atraviesa el sector turístico al considerar que el cambio de usos en Mallorca anunciado por la Conselleria de Turismo «destruirá puestos de trabajo».