El Govern, a través de la Conselleria d'Esports i Joventud, ha solicitado 27 años de cárcel para tres exaltos cargos del Consorci Turisme Jove (CTJ) en el Ejecutivo que presidía Jaume Matas, el exdirector general de Joventud Juan Francisco Gálvez, el exgerente de ese organismo Damià Amengual y el exjefe de Servicios y Mantenimiento Juan Francisco Gosálbez, todos ellos acusados, junto a otras nueve personas más, en el denominado 'caso Turisme Jove'.
En la causa se ha investigado una supuesta trama de corrupción que dejó al CTJ en situación de quiebra técnica, según las acusaciones.
El abogado de la Comunitat Autònoma en el Govern de Francesc Antich se personó en el proceso abierto en 2008 en el Juzgado de Instrucción 6 de Palma, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de acusación particular. El escrito final solicitando las elevadas penas de cárcel, sin embargo, fue presentado el pasado 29 de julio, con el 'popular' José Ramón Bauzá al frente del Ejecutivo.
Relevo
El criterio del despacho de letrados que representa al Govern no ha cambiado en esta causa y pese al relevo en el Consolat de la Mar, y la Comunitat Autónoma solicita las mismas penas de cárcel que el Ministerio Público y por los mismos delitos: continuado de malversación de caudales públicos, continuado de cohecho, continuado de prevaricación, fraude a la administración pública, continuado de falsedad documental, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.
También están acusados María Auxiliadora Pérez de Algaba, Antonio Dolç, Bartolomé Gayá, Manuel Carmelo Sáez, Andrés José Villena, Jesús García Oeo, Marcos Pérez, Antonio Tugores, Miguel Rigo y Apu Pujante. En total, la Fiscalía y el Govern piden casi 50 años de cárcel.
Los principales acusados «idearon, planificaron y desarrollaron una serie de actuaciones con la finalidad de permitir que importantes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos (...) fueran utilizadas en provecho o beneficio privado o quedaran en su patrimonio», según el escrito del Govern, que reproduce los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción.
El escrito señala, asimismo, que de no haberse detectado las irregularidades, los acusados habrían ocasionado al consorcio una perjuicio superior a un millón de euros. La causa por un supuesto desvío de dinero y cobro de sobornos, será enjuiciada próximamente en la Audiencia de Palma.