El Govern se ha adherido al escrito de acusación formulado por la Fiscalía Anticorrupción en el denominado 'caso Turisme Jove'.
El escrito recoge de manera pormenorizada lo que a juicio de las acusaciones fue el desarrollo de la trama, cuyo objetivo era «enriquecerse mediante el cobro de comisiones o sobornos». A continuación, algunos de los aspectos más relevantes recogidos por las acusaciones.
Apoderamiento de fondos. «Juan Francisco Gosálbez (exjefe de Servicios y Mantenimiento del Consorci Turisme Jove) fue la persona encargada para integrar la comisión de seguimiento de una partida de un millón de euros entregados por la CAIB, pero en lugar de darles el destino que debía, decidió apoderarse de esos fondos a través de facturas inveraces emitidas por una empresa, Fanodi Gestion SL, P de su propiedad y de su compañera María Auxiliadora Pérez».
Desviación de 120.000 euros. «Jesús García Oeo era proveedor de servicios del CTJ y había interpuesto una reclamación de 120.000 euros contra la Administración por considerar que se le adeudaba esa cantidad por la resolución de un contrato de servicios. Los servicios jurídicos de la Administración estimaron solo en parte la reclamación, y quedó una diferencia que el acusado Juan Francisco Gosálbez quiso resarcir con facturas inveraces y falsas que respondían a servicios no prestados».
Aumento arbitrario de remuneraciones. «El acusado Juan Francisco Gálvez (ex director general de Joventud) de manera arbitraria, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo, decidió aumentar las retribuciones de complementos del personal a su cargo, únicamente para favorecerlos por amistad, incluyéndose él mismo entre los beneficiarios de dichos complementos».
Contrato de alquiler. «El CTJ ocupaba unos locales en la calle Jeroni Antich de Palma pagando una renta mensual de 800 euros al mes. Los acusados Damiá Amengual (exgerente del CTJ) y Juan Francisco Gosálbez, sin tener competencias para ello, decidieron favorecer a la entidad Island States con un contrato de arrendamiento totalmente perjudicial para la Administración, con una renta de 192.000 euros anuales, hasta un total de 1.920.000 euros».