El Consell de Mallorca, constituido en junta general de accionistas de la Radio y Telelevisió de Mallorca, aprobó ayer el inicio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que culminará con el despido de la plantilla, unas 117 personas, y, con el único voto del PP (mayoría absoluta) rechazó la propuesta del PSIB y de PSM-Iniciativaverds-Entesa de diseñar un plan alternativo para darle continuidad , con cualquier otra fórmula, y diseñar un modelo audiovisual propio para la isla en la que la tele insular pudiera ser una especie de segundo canal de IB3.
José Manuel Carrillo, director general del ente nombrado por el PP para dirigir su proceso de liquidación, dijo en un momento de su intervención que el proyecto no tenía ni viabilidad económica ni audiencia. «No la ve ni la gente que sale en los documentales», comentó en presencia del equipo directivo del mandato anterior y que cesó con el cambio de gobierno insular.
Abucheos a la salida
La de ayer fue la última intentona institucional de impedir el cierre, aunque la reivindicación continuará en la calle y en las redes sociales: una cincuentena de personas se congregaron en las puertas del Consell y expresó su apoyo a la plantilla y a la continuidad del proyecto. Hoy se presentará el ERE al comité de empresa y luego correrán los plazos hasta que la Dirección General de Treball lo autorice.
Todos los intentos de que el PP reconsidera su decisión fueron vanos. Tanto los de los representantes políticos como los de los representantes de las asociaciones que tomaron la palabra. Carrillo, que fue abucheado a su salida del Consell, dejó bien claro que él no entraba en consideraciones políticas, que se guiaba por un informe encargado a una auditoría externa y que él era un técnico «con un mandato claro».
La mayoría 'popular' también se mostró inflexible ante otro punto del orden del día de la sesión plenaria: una propuesta para que se diera marcha atrás en la anulación de 1,2 millones en subvenciones a entidades culturales y a proyectos que puso en marcha el ya inexistente departamento de Igualdad. La razón que da el PP para no conceder estas subvenciones es que han tenido que de algún sitio tenían que sacar dinero para hacer frente a un embargo judicial derivado de las obras del Teatre Principal. Para la oposición, tanto el cierre de la televisión como a la anulación de subvenciones responde a una estrategia política. Pere Felip, que intervino en nombre de su asociación ciudadana, habló de «genocidio cultural». Una de las asociaciaciones más perjudicadas es la OCB.