El Govern balear no podrá alquilar ni vender parte del complejo hospitalario de Son Dureta o instalar cualquier servicio que no sea de uso sociosanitario antes de 2013, tal y como se había barajado desde el Ejecutivo autonómico.
El complejo hospitalario forma parte del patrimonio único de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que depende del Ministerio de Trabajo e Inmigración y no será traspasado a la Comunitat Autònoma hasta dentro de dos años.
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social , incluye una disposición adicional -que fue pactada por PSOE y CiU- en la que se recoge la transferencia a todas las comunidades autónomas que así lo soliciten la titularidad de los hospitales y los centros de salud, que actualmente son propiedad de la Seguridad Social.
Disposición
La disposición adicional entrará en vigor el día 1 de enero de 2013 y el Gobierno central, en el plazo de seis meses -a contar desde el citado 1 de enero - adoptará las medidas normativas necesarias para que los inmuebles que hoy en día son propiedad de la Seguridad Social sean transferidos a la Administración General del Estado y con posterioridad a las comunidades autónomas que los hayan reclamado.
Todo este largo proceso de traspasos de inmuebles todavía no está en marcha y, por lo tanto, el Ejecutivo balear no puede disponer del complejo hospitalario de Son Dureta como si éste fuera de su propiedad.
Cuando se concluya todo el proceso se traspasarán a la Comunitat Autònoma un total de cinco hospitales -Son Dureta, son Llàtzer, Manacor, Verge del Toro y Can Misses- y más de 40 centros de salud, inmuebles que han sido cuantificados por la propia Tesorería por un valor aproximado a los 150 millones de euros.
Desde hace años Son Dureta está cedido al Govern para uso sociosanitario por lo que desde la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) insisten en que si el Ejecutivo autonómico quiere hacer un cambio de uso del complejo hospitalario deberá ser devuelto al citado organismo y será la Tesorería la que decida si se autoriza o no el cambio.
Con la normativa legal en la mano está claro que la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social y el Servei de Salut de les Illes Balears o cualquier otro organismo de la Comunitat Autònoma no pueden ni alquilar ni vender parte de los inmuebles que forman el complejo hospitalario que durante décadas ha sido referencia en las Islas.