Algunos de los abogados defensores de los acusados en el 'caso Can Domenge' se opondrán a que sus clientes respondan a cualquier pregunta relacionada con el delito cohecho en el transcurso del juicio oral, ya que al no haber sido incluido en el escrito de acusación por los fiscales anticorrupción y la juez instructora, cualquier alusión a ese ilícito penal será considerada impertinente.
La excúpula de UM -Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer- se enfrenta a seis años de cárcel por la enajenación del solar de Can Domenge por 30 millones de euros, cuando esos terrenos valían el doble, según la Agencia Tributaria. También están acusados Ramón Sanahuja, Santiago Fiol y Mario Sanz.
Pruebas
Descartada la comisión de un delito de cohecho por falta de pruebas concluyentes, los letrados defensores -Gabriel Garcías, Josep Zaforteza, Eduardo Valdivia, Jaime Campaner y Gaspar Oliver, entre otros-, centrarán sus respectivas estrategias jurídicas en combatir los argumentos de las acusaciones, la Fiscalía, Núñez y Navarro y el Consell de Mallorca, en los delitos que sí serán objeto del juicio oral: fraude la Administración y revelación de secretos.
El Ministerio Público, no obstante, ya ha manifestado en un escrito que considera «relevante» el contenido de las actuaciones desarrolladas en la investigación del delito de cohecho en Can Domenge, y por ello, ha solicitado a la juez «la posibilidad de complementar la proposición de prueba de sus escritos de acusación». Es decir, los fiscales podrían conducir los interrogatorios por la senda, agotada por ahora, del supuesto intento de soborno a «políticos de Balears con dinero transportado en bolsas de plástico en una travesía marítima entre Barcelona y Palma», según la denuncia anónima recibida en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma, y que fue descartada. A ello se opondrán de manera rotunda algunos de los letrados defensores, por considerar que es una cuestión totalmente ajena a los hechos a dilucidar en el juicio oral.
Auto
Los fiscales, la juez y la Policía Nacional investigaron durante cuatro meses la denuncia anónima sobre el presunto cohecho, sin hallar «indicios bastantes para imputar a determinadas personas el pago y recepción de dádivas en relación a la enajenación de la finca de Can Domenge», según el auto dictado por la magistrada María del Carmen González.