La primera ley del Govern de Bauzá ya tiene nombre, Ley de apoyo a emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa; objetivos, fomentar la creación empresas; y una razón de ser: actuar como «la hoja de ruta» de la gestión de gobierno en los próximos cuatro años. Al menos así lo expresó el vicepresidente económico, Ignasi Aguiló, tras la reunión del president balear con los principales agentes sociales de las Islas a quienes anticipó el contenido del proyecto.
Lo que no tiene la nueva ley, que se aprobará mediante decreto que luego debe ser convalidado por el Parlament, es una cuantificación económica asignada. Nace sin dotación económica pero abre líneas de actuación; introduce vías de financiación, agiliza los trámites para la creación de empleo y 'destierra' la cultura de la subvención. «Eso se ha acabado», dijo Aguiló.
Los pagos a proveedores
«Tenemos todo un abanico de subvenciones que van desde las destinadas a servicios absolutamente esenciales y que se tienen que mantener, a otras que se están dando a empresas que tienen una actividad comercial y que en muchos casos están generando una distorsión en el mercado», se sinceró Aguiló.
El vicepresidente insistió en que el Govern las recortará con carácter general, hasta limitarlas a las ayudas «esenciales», que son «las relacionadas con los temas sociales, educación y sanidad».
La ley se apoya en cuatro pilares que son la simplificación administrativa, facilitar infraestructura y suelo industrial, apoyar económicamente a los emprendedores y promover la cultura emprendedora en el ámbito educativo, y contempla medidas como la supresión impuestos para microempresas. La concreción y desarrollo de estas medidas dependerá de las disponibilidades presupuestarias. La ley establece que, una vez aprobada, habrá un año para desarrollar las normas reglamentarias que garanticen su efectividad.
El texto recoge una serie de acuerdos alcanzados en la pasada legislatura por el Govern y los agentes sociales y refunde en el proyecto una serie de propuestas generalistas. Así, muestra su idea de facilitar el acceso al crédito tradicional.
Lo que 'cae' del proyecto es el anuncio inicial de que el Govern pagaría a proveedores en 25 días.
La primera ley del Govern surgido de las elecciones del pasado 22 de mayo podría ser aprobada en el pleno extraordinario que celebrará el Parlament este mes para convalidar, además, otros cuatro decretos del Ejecutivo.