El PP tiene como «objetivo» alcanzar un consenso en la designación del director general y del consejo de dirección del Ente Público de Radio Televisión de Baleares IB3, que podrían estar nombrados el próximo 30 de agosto si el acuerdo prospera entre los distintos grupos parlamentarios.
Así lo ha dicho hoy la portavoz del grupo parlamentario del PP, Mabel Cabrer, quien ha informado de que esta mañana se ha reunido con la portavoz del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y del PSM-IV-ExM, Biel Barceló, para tratar el futuro de IB3.
El «objetivo del PP es el consenso», ha señalado la portavoz popular, quien ha confirmado que el próximo director general de IB3 no tendrá carné político y que su nombre saldrá de entre los seis ya propuestos por la mesa audiovisual: Xavier Bonet, Mateu Ramonell, Antoni Rami, Manuel Nüñez, Jacob Palazón y Josep Antoni Pérez de Mendiola.
Estos nombres garantizarán que la persona que dirigirá IB3 durante los próximos cuatro años tenga «independencia», como lo habían solicitado el PSIB-PSOE y el PSM-IV-ExM.
Durante el encuentro, el PP se ha comprometido a cumplir la Ley de IB3 y a que el nuevo director general pueda nombrar a los ochos miembros del consejo de dirección, cuyos nombres saldrán de los grupos parlamentarios, y que podrían tener «mayor o menor independencia política».
Cabrera ha precisado que la reunión ha ido «bien» y ha servido para «desbloquear» el tema, que había sido objeto de debate en los últimos meses, tiempo que los grupos parlamentarios han aprovechado para «evolucionar».
Pleno
La semana que viene los portavoces se volverán a reunir y esperan tener listo el consenso para llegar al pleno parlamentario del 30 de agosto con los nombres ya elegidos.
«Si el acuerdo va bien», el 30 de agosto habrá nuevo director general de IB3, de lo contrario, «habrá que esperar seis meses» para consolidar el nombramiento que podrá ser designado por mayoría absoluta, como señala la Ley del Ente Público.
El conseller de Presidencia, Antoni Gómez, fue nombrado director de IB3, mediante un Decreto Ley aprobado en Consell de Govern el pasado 29 de julio tras la dimisión de Pere Terrasa, lo que generó rechazo en los diferentes grupos de oposición.