Las farmacias de Balears han decidido aplazar su decisión de cerrar una vez por semana o varios días seguidos, en respuesta a la solicitud de la Conselleria de Economía de un mayor plazo de tiempo para realizar el calendario de pagos de las facturas pendientes de mayo y junio de la Seguridad Social, que ascienden a 29.961.274 euros.
Así se ha decidido en la Asamblea Extraordinaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares, celebrada esta mañana, y en la que se ha acordado por «responsabilidad y muestra de su compromiso con los ciudadanos» prolongar las conversaciones con la administración antes de efectuar medidas que puedan «perjudicar al conjunto de la sociedad».
En esta línea, durante la asamblea se ha valorado la disposición del Govern a hacer frente a la deuda con las farmacias, pero se ha dejado claro que estas medidas «no son suficientes y que las farmacias no pueden continuar financiando los medicamentos de los ciudadanos».
De esta manera, los colegiados, por encima de todo, han exigido la realización de un calendario de pagos «claro y urgente», con el fin de «saber de forma efectiva de qué forma se afrontará la grave situación de las oficinas de farmacia por parte de la administración».
Por otra parte, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha expresado la «gran preocupación» del sector por los «posibles desabastecimientos de medicamentos» que se pueden dar en las oficinas de farmacia del archipiélago si continúan los impagos de la administración.
Finalmente, los farmacéuticos han votado dejar la asamblea abierta para poder convocarla por vía urgente después de evaluar la forma y cronograma de pago que la administración autonómica se ha comprometido a presentar próximamente.
El pasado 19 de julio, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Antoni Real, informó de que los colegiados habían planteado en una Asamblea Extraordinaria la posibilidad de cerrar las farmacias una vez por semana o varios días seguidos como medida de presión al Govern por la deuda que mantiene con el sector, lo que ha obligado a muchos farmacéuticos a recurrir a créditos para poder seguir financiando los medicamentos de la seguridad social.