Una imputada que ha prestado declaración ante la jueza instructora del caso Voltor, Dolores García, ha afirmado que fue contratada por el Consorcio de Informática Local (Cilma), dependiente del Consell de Mallorca, a través del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, si bien nunca llegó a acudir a la Institución pública ya que continuó trabajando en el Museo Histórico Militar del Castell de Sant Carles, donde ejercía labores de restauración.
Su comparecencia se enmarca en la ronda de declaraciones que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 está tomando, en el marco de la pieza separada número trece, a numerosos activistas de UM que según las pesquisas realizaban trabajos de partido pese a estar a sueldo del Cilma.
Tal fue el caso de García, quien ha confesado que, en un momento dado, Nadal le ofreció la oportunidad de ser contratada por el organismo perteneciente al Consell, a lo que accedió pese a estar trabajando como restauradora en el Museo. Al ser preguntada si no le extrañó cobrar del Cilma pese a no acudir a trabajar, la encausada ha respondido de forma elocuente: «los militares nunca hacen preguntas», según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
Mientras tanto, otra de las imputadas que han declarado ante la magistrada ha manifestado que, pese a cobrar unos 500 euros mensuales de esta misma entidad, su verdadera labor era realizar encuestas para UM con el objetivo de averiguar la intención de voto de las personas a las que entrevistaba, todo ello bajo las órdenes de Eugenia Cañellas, ex secretaria técnica de Nadal.
Otra de ellas ha apuntado que, en lugar de ir a trabajar al Cilma, se dedicaba a cuidar a personas mayores en el barrio de Santa Catalina, en el marco del programa 'Angelot' y bajo las instrucciones de la ex dirigente de UM y ex presidenta de la junta local de este partido en Calvià, María José Rodríguez.
Finalmente, en contra de lo manifestado por las anteriores imputadas, Eva García ha apuntado ante la magistrada, el fiscal Miguel Angel Subirán y varios de los letrados personados que fue contratada por el Cilma para el proyecto Mallorca Digital, encargándose de realizar fotos en distintos eventos y ruedas de prensa relacionados con distintos partidos políticos, y que posteriormente entregaba a Cañellas.
Las pesquisas van dirigidas a averiguar si ex altos cargos del Consell, entre ellos Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación. Las comparecencias proseguirán el próximo viernes con la declaración de Alicia Orellana, Antonia Pardo, Margarita Murillo, Juan Cañas, Francisca Pallicer y Sonia Corregidor.
Las citaciones se produjeron a petición del fiscal anticorrupción Miguel Angel Subirán después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos empleados 'fantasma', presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales. En concreto, los fondos públicos destinados a Infomallorca eran 190.000 euros hasta 2005, año a partir del cual la cantidad se situó en los 167.000 euros anuales hasta 2007. Por su parte, el coste de Eiel en 2007 fue de 110.000 euros mientras que el de Mallorcadigital, el único de los tres que ya no está en marcha, fue de 160.000.