Las instituciones públicas deben a Emaya más de 32 millones de euros. En concreto, el Govern adeuda a la citada empresa 8 millones de euros, otros ayuntamientos de la Isla más de 5,5 millones; y el Gobierno central 14 millones de euros procedentes de los fondos Feder y de la Ley de Capitalidad, que no ha transferido al Govern.
El presidente de Emaya, Andrés Garau, explicó que la situación es «crítica por un problema, no tanto estructural, que los tiene, sino de tesorería». No obstante, puntualizó que la empresa no está en quiebra.
Garau señaló que están negociando con los acreedores, pero como son conocedores de sus problemas de liquidez han recurrido a los bancos. No obstante, adelantó que no será posible llegar a un acuerdo con las entidades financieras hasta el mes de septiembre.
Compensación
Garau es consciente de las limitaciones de los bancos para conceder crédito. Por ello, anunció que han instado a la compensación del canon de saneamiento que Emaya recauda y tiene que pagar al Govern. En concreto, esta semana se han dejado de ingresar al Ejecutivo autonómico los 1,4 millones de euros mensuales correspondientes al canon de saneamiento para compensar la deuda que mantiene con el Ajuntament. Sin embargo, esta cantidad no es suficiente para garantizar el pago de las nóminas, ya que los más de 1.400 empleados de Emaya cuestan unos 5,5 millones de euros mensuales a la empresa.
Pese a la situación de la empresa, Garau negó la posibilidad de privatizarla, aunque advirtió que «si la situación financiera no se arregla es un dominó que puede ser desastroso».
Govern, ayuntamientos y Madrid deben a Emaya más de 32 millones de euros
El consejo de administración de Emaya se reunió ayer por la tarde.
Alicia Mateos | Palma |