Un informe elaborado por un aparejador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) concluye que el valor de la edificación levantada en Búger, que según las investigaciones es un chalet levantado con fondos públicos mientras que varios imputados defienden que se trata de un templo chino construido con donaciones privadas, asciende a unos 300.000 euros, a pesar de que otro peritaje tasaba el inmueble en un total de 699.087 euros.
Así consta en la valoración, de más de veinte páginas, que ha aportado a la causa la defensa del ex ingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, y que arroja sus conclusiones en base a las mediciones realizadas sobre los materiales empleados, las dependencias del edificio, su extensión, la cimentación y el tamaño de las paredes y los muros, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
Tras analizar estos aspectos sobre el terreno, el aparejador ha concluido que el valor de la edificación se eleva a unos 300.000 euros, lo que además ha sido certificado mediante un escrito por el arquitecto director del proyecto. De hecho, Orejudo y otros encausados aseguran que este templo de meditación fue construido gracias a las donaciones de los socios de la entidad de filosofía china Pachi Tanglang -a la que pertenecen-, cuyo importe ascendería a la cantidad anterior.
Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, decretó una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros para Orejudo, a su compañera sentimental y propietaria del solar, Mónica Florit, los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell, y el jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, Javier Navarro, al considerar que todos ellos alcanzaron un «acuerdo» para levantar una vivienda unifamiliar aislada con fondos públicos destinados al desdoblamiento.
Para ello, la magistrada se amparaba en un peritaje que cifra el valor de la edificación en 699.087 euros, y además apuntaba a la existencia de diversas facturas expedidas por los Cloquell, defendidos por el abogado Llorenç Gomila, por unos importes que superan los 500.000 euros, que «son totalmente inconcretas» y que, indiciariamente, habrían sido cargadas y pagadas por la UTE adjudicataria del desdoblamiento.
Así, indicaba que las facturas se habrían utilizado para «ocultar» determinados gastos de construcción de la edificación particular de Orejudo y Florit, ambos asistidos por el letrado Gabriel Garcías. La magistrada fijaba de este modo en 600.000 euros la caución a abonar, teniendo en cuenta que los gastos de construcción de la vivienda ascenderían a 500.000 euros y que su valor rozaría los 800.000.
Cabe recordar que esta causa se inició a raíz de la querella que interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 ex altos cargos del Consell de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto de la carretera, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).
Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.