Un informe pericial del catedrático Avel lí Blasco concluye que la unión temporal de empresas (UTE) Resenetma, investigada en el caso Cloaca de supuesta corrupción, no se enriqueció injustamente como adjudicatarias del Consell para la recogida selectiva de basuras en los municipios de Mallorca.
En el informe, encargado por Resenetma, el catedrático de Derecho Administrativo de la UIB estima que la UTE debía cobrar por recogidas que no hizo en virtud a su contrato con el Consell.
Además, reconoce lo «irregular», desde la perspectiva jurídico-administrativa, del sistema de facturación -por toneladas de residuos recogidas- que articuló la institución insular para pagar a estas empresas.
En este caso, investigado por el Juzgado de Instrucción 9 de Palma, se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, emisión de facturas falsas y cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca de todos los municipios de la isla, salvo Palma, Calvia y Llucmajor.
Esta recogida se adjudicó en 2002 a dos uniones de empresas por el procedimiento de negociado sin publicidad y dividiendo la isla en tres lotes: dos de ellos para la UTE formada por FCC y LUMSA y el tercero por la UTE en que participa Melchor Mascaró (Resenetma).
Sin embargo, a partir de 2004 varios municipios comunicaron al Consell su intención de organizar el servicio de recogida selectiva ellos mismos mediante un método puerta a puerta al margen del concedido a las UTEs.
Además, los municipios que asumieron la recogida no entregaban los residuos a las UTEs, sino que los transportaban directamente a los centros de reciclaje, por lo que el papel de las empresas adjudicatarias quedaba reducido.
Durante unos 3 años, indica el informe, Resenetma facturó al Consell por la totalidad de los residuos de los municipios de su zona, tanto los que recogía por sí misma como los que recogían algunos ayuntamientos.
A pesar de que la unión de empresas ganaba así dinero por algo que, en la práctica, no hacía, el catedrático afirma que tenía el derecho, en virtud del contrato con el Consell, a cobrar de esta institución la totalidad de las toneladas pactadas «con independencia que quien las recogiera».
«Si esta premisa es correcta, esto supone que no ha habido propiamente cobro de lo indebido ni enriquecimiento sin causa» por haber cobrado la UTE dinero por residuos que no recogió, añade.
Otro informe encargado por el Consell e incluido también en el sumario de este caso cifra en 5,7 millones la diferencia total entre lo facturado por las uniones temporales de empresas adjudicatarias del Consell para la recogida selectiva y los servicios que realmente prestaron durante el periodo 2006-2010.
La Fiscalía investiga si este dinero facturado «en exceso» se pudo desviar a manos de particulares, y por ello ha imputado a varias personas, entre ellas la exportavoz y exvicepresidenta de Unió Mallorquina, Catalina Julve, quien fue consellera insular de Medio Ambiente durante la pasada legislatura y la anterior, periodo en el que se detectaron las supuestas irregularidades.