La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que los nuevos gobiernos municipales y autonómicos del PP realizarán auditorías de las cuentas de todas las administraciones que han pasado a dirigir, para conocer la «verdadera situación» de sus finanzas y detectar los gastos «superfluos».
En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, la dirigente 'popular' ha asegurado que el triunfo de los 'populares' en las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo muestra que «los ciudadanos han votado austeridad» y ésta será la primera «autoexigencia» de sus dirigentes regionales y municipales, que aplicarán un «plan muy claro» de reducción de personal eventual, número de consejerías y gasto corriente.
Precisamente ayer, el presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, también comentó que su intención era realizar una auditoría sobre toda la estructura del Ejecutivo autonómico para que los ciudadanos puedan conocer «la realidad» de la situación económica del archipiélago.
No obstante, ha insistido en que, antes de poner en marcha las medidas de ajuste en comunidades y ayuntamientos que han pasado a gobernar, hay que conocer su estado financiero, ya que no «confía en lo que decían sus anteriores viejos dirigentes», si bien ha asegurado que las actuaciones serán similares a las que el PP lleva planteando desde hace más de un año.
EL CONGRESO VUELVE A VOTARLO ESTE MARTES
Precisamente los 'populares' volverán a llevar al Pleno del Congreso de este mismo martes una propuesta de reforma de la ley General de Estabilidad Presupuestaria para fijar techos de gasto en todas las administraciones públicas, de forma que el Gobierno central pueda imponer un objetivo concreto de estabilidad a las autonomías si éstas no son capaces de acordarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
«Estamos viendo como otros piden tiempo. En el PP no queremos perderlo y por eso el primer debate que traemos al Pleno es la reforma de las leyes de estabilidad», ha remarcado, asegurando que su propuesta es la «primera de las reformas estructurales que deben hacerse en España para superar la crisis», estableciendo el «déficit cero».