El titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, ha desestimado anular la fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros que impuso a UM en el marco del caso Picnic, si bien reconoce que se infringió la legislación procesal al no haber sido formalmente notificado el plazo de 15 días que se dio al partido para que formulase alegaciones contra la petición de la Fiscalía de que le fuera acordada esta caución.
En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado asevera que este «vicio procesal» en ningún caso ha producido indefensión al partido nacionalista, «requisito ineludible para ello», en contra de lo que expuso UM en el recurso de reforma que interpuso contra la fianza. Es por ello que, pese a haber sido estimada parcialmente la impugnación, el juez mantendrá la caución decretada al partido.
En cualquier caso, el magistrado, que recientemente acordó inhibirse del caso Picnic por su relación con el caso Maquillaje, ofrece a UM la posibilidad de alegar y presentar pruebas contra el embargo de cuentas al que fue sumido al no poder hacer frente a la fianza. El partido tuvo así que designar las cuentas de las que dispone para que pudieran ser embargadas y cubrir de este modo la caución, a pesar de que únicamente disponen de unos 150.000 euros.
La formación mantiene que el plazo de 15 días no les fue notificado y que cuando el magistrado Francisco José Pérez requirió la presencia de quienes fueran el presidente de UM, Josep Melià, y su secretario general, Joan Monjo, para que la Fiscalía les informase de la petición, tampoco les fue notificado de manera formal. El letrado de UM tiene previsto estudiar en los próximos días si recurre la fianza en apelación ante la Audiencia.
En concreto, los 1,6 millones resultan de la suma de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo a las investigaciones, pudieron malversarse desde el Ayuntamiento de Palma a la captación de afiliados de UM, a los que se suma un tercio de esta cantidad que marca la Ley.
Y es que la Fiscalía postula que los 'uemitas' desviaron este dinero a fin de hacer «proselitismo, propaganda y apología de su idea política», y apunta a la ex concejal de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, la ex coordinadora de este departamento, Paula Cortés, y la ex gerente del Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento (Imfof), Catalina Payeras, como las principales personas que urdieron esta trama «en beneficio exclusivo del partido».
En el escrito que presentó para reclamar la fianza, el Ministerio Público asevera que la principal imputada en este proceso, Cerdó, dio órdenes a Payeras así como al ex asesor de Medio Ambiente, Salvador Maimó, y al ex director general de Promoción Económica del Imfof, Enric Molina, a fin de que «ignoraran» las bases legales establecidas para contratar desde esta empresa pública a inspectores medioambientales que en realidad habrían llevado a cabo labores particulares para UM.
La Fiscalía desglosa de forma pormenorizada las cantidades presuntamente malversadas y apunta a que, de los 1,2 millones desviados, 343.332 euros procedían del convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Medio Ambiente del Govern y el Ayuntamiento para realizar actividades de uso público en Cabrera; 577.738 euros de los sueldos y nóminas de los Imas; 159.247 de la campaña 'Ecobarriada'; 38.581 del alquiler de su local; 42.326 euros de recursos materiales; 33.358 de los servicios «innecesarios» de asistencia de otra imputada, y 12.664 euros de las excursiones al Acuario y a la Dragonera.