Los sindicatos mayoritarios en la Administración Pública no están de acuerdo en que el catalán sea un mérito y no un requisito, tal y como pretende incluir José Ramón Bauzá en el programa electoral del PP. Los cuatro sindicatos UGT, CCOO, STEI-i y CSI-CSIF recuerdan que existe una Llei de Normalització Lingüística y que, para hacer lo que propone Bauzá, la legislación deberá ser modificada.
Aurelio Martínez (FSP-UGT). El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT sostiene que en Balears existe actualmente una Llei de Normalització Lingüística y que «si Bauzá pretende que el catalán no sea un requisito en la Administración pública y si un mérito, lo primero que tendrá que hacer es modificar la legislación» y apostilló que, en caso de que el PP gobierne en la próxima legislatura lo importante será que apueste por el consenso. «En cuestiones lingüísticas lo importante es apostar por el consenso y pactar acuerdos», apostilló Martínez.
Francesc Mellado (CCOO). El máximo responsable de Comunicación de CCOO en Balears también recuerda, como su compañero de UGT, que aquí tenemos una Llei de Normalització Lingüística aprobada por el Parlament «y que si se quieren introducir modifiaciones en los requisitos lingüísticos en la Administración se tendrá que modificar «Ir en contra de la Llei de Normalització Lingüística es un paso atrás», apostilló Mellado y recordó que José María Rodríguez, cuando era conseller d´Interior i Funció Pública ya intentó modificar los requistos para acceder a funcionario y no lo consiguió.
Sebastià Serra (STEI-i). «Estamos totalmente en contra de esta posibilidad», afirmó ayer Serra y añadió que «las aspiraciones de Bauzá son imposibles de llevar a cabo, si antes no se modifica el marco legal existente», y apostilló que, a parte de la Llei de Normalització Lingüística, hay sentencias que «nos dieron la razón a los sindicatos» y que son contrarias a lo que propone el líder del PP.
Andreu Bou (CSI-CSIF). El máximo responsable de ésta organización sindical en Balears afirma que «lo más importante es que la Administración pública funcione» y que «la lengua no debe ser nunca un motivo de disputa».