La consellera d´Afers Socials, Fina Santiago, lamentó ayer que el PP impidiera la aprobación de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, «muy pactada civilmente», algo que sucedió porque «se impusieron las tesis políticas de la extrema derecha que habita en este partido y a las que se plegó el grupo popular», aseguró.
Uno de los motivos principales del rechazo de los conservadores, explicó, «es que no se retiró, como el PP reclamaba, el artículo que especifica que las escuelas que segregan a niños de niñas -caso de los colegios del Opus que hay en el Parc Bit- no podrán recibir fondos públicos». El otro motivo, añadió la consellera, «fue lo que dijo Pastor en el pleno: que éramos un gobierno en minoría. No entró a valorar si era una buena ley o no, sino que estábamos en minoría y lo tenían que demostrar».
Argumentos
Otro de los argumentos del partido que preside José Ramón Bauzá «es que ellos ya aprobaron una ley en 2006», pero Santiago explicó que «esa ley, aún vigente, es preciso cambiarla porque la Ley Estatal de 2007 supera la autonómica y porque ésta no tiene en cuenta el Estatut que determina que las competencias en política de género son de los consells, no del Govern».
Al margen, añadió, era importante aprobar una nueva normativa porque «la ley de 2006 es una mera declaración de principios, sin ninguna acción concreta, mientras que la nueva ley sí aporta medidas». Como ejemplo indicó que «la ley de 2006 establece que la administración pública garantizará la igualdad, pero sin decir de qué manera, mientras que en la nueva ley indica que ningún órgano de la administración podrá tener más de un 60% de un sexo que de otro para garantizar esa igualdad». Otro ejemplo es que «la ley del PP protegía a la mujer maltratada, pero nosotros añadimos que para ello debe haber una plaza en centro de acogida por cada 3.500 mujeres o establece que la mujer que no percibe la pensión de manutención de los hijos es víctima de 'violencia económica' y a partir de ahí puede acceder a ayudas sociales».
La nueva ley, además, elimina el artículo de la ley del PP por el que se paga a los partidos un 10% por cada mujer que tenga en el Parlament, «porque nos parece una vergüenza», aseveró Santiago.