«El pleno lamenta la gestión de recursos humanos desarrollada por el actual equipo de gobierno esta legislatura, que ha generado un clima laboral negativo entre los funcionarios y empleados públicos». Además, «insta al equipo de gobierno a modificar esta gestión y actitud, valorando la profesionalidad». Esta proposición fue aprobada en el pleno de ayer, con los votos a favor de PP y UM, el gobierno votó en contra, en una sesión en la que los populares denunciaron la política de recursos humanos de esta legislatura.
Empeorado
«Todos los sindicatos, sin excepción, le han dicho al PP que el clima laboral ha empeorado mucho con ustedes; los funcionarios dicen la mismo», recriminó el portavoz del PP, Julio Martínez, que leyó numerosas noticias en los que los sindicatos denunciaban un clima laboral negativo.
La regidora de Funció Pública, Guadalupe Pulido, respondió que «no tenemos sensación de que haya un mal clima, aunque reconocemos que después del recorte salarial los funcionarios no son los más felices». Además, aseguró que «la tónica de este gobierno ha sido dignificar la función pública.
En el pleno de ayer se trataron algunos ejemplos concretos en los que la Justicia ha dado la razón a los trabajadores, como pasó en la Policía Local y en Emaya. El regidor del PP Àlvaro Gijón reprochó al equipo de gobierno que «estamos perdiendo capital humano» y lo acusó de hacer discriminaciones en temas de personal.
En el caso de Emaya, Martínez espetó que «un juez ha dicho que se han vulnerado los derechos fundamentales de un empleado público; siendo usted alcaldesa un juez ha constatado un hecho de sectarismo político».
Los funcionarios de libre designación y la apertura de plazas a otras instituciones fueron otros de los aspectos criticados por el PP. «Los ciudadanos ven con preocupación como no pueden promocionarse por Calvo. No parece razonable dar jefaturas a gente que no tiene experiencia, cuando hay gente de la casa que sí la tiene», denunció la regidora del PP Lourdes Bosch. La responsable de Funció Pública restó importancia a las afirmaciones de Bosch y aseguró que de más de 2.500 funcionarios hay 82 plazas de libre designación, 16 de las cuales están abiertas a otras administraciones, de las que 10 están ocupadas por personal procedentes de otras administraciones; 16 trabajadores de Cort trabajan fuera. Bosch argumentó que lo graves es «sustituir a gente con experiencia por otra que no sabe nada del trabajo que desempeña».