El expresidente del Govern balear en la pasada legislatura, el «popular» Jaume Matas, dio orden de que se pagara un montante de 131.827 euros por diferentes contratos menores vinculados a la presentación del palacio de la ópera en la bahía de Palma, un acto que nunca se llegó a celebrar.
Así lo recoge la Fiscalía de Baleares en su escrito de petición de fianza relativo a la que es la pieza número 3 del caso de presunta corrupción «Palma Arena», que investiga el anteproyecto del arquitecto Santiago Calatrava para una ópera en la bahía de Palma por encargo del Govern del expresidente Jaume Matas.
El documento, entregado ayer al juez que instruye el caso, está firmado conjuntamente con la acusación particular de la Comunidad Autónoma y en él se pide una fianza civil de 1,6 millones de euros para el expresidente Jaume Matas.
El acto de presentación del anteproyecto de la ópera nunca llegó a celebrarse porque, debido a la proximidad a las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en mayo de 2007, la Junta Electoral, ante una denuncia del PSIB-PSOE, lo prohibió al quedar solo un mes para los comicios.
Sin embargo, los contratos menores vinculados al acto se tramitaron y que incluyen el pago de 11.948 euros por el traslado especial desde Londres de una estructura esférica; 10.960 euros por el montaje y desmontaje de un carpa; otros 9.035 euros por una carpa de presentación y elementos para bastidores.
El alquiler de otra carpa especial supuso el pago de 11.900 euros más; la estructura y el montaje de la mesa y el control técnico, 11.797 euros; la tarima, 9.235 euros; la gestión del evento, 11.849 euros, y así hasta 12 contratos menores que, en total, ascienden a 131.827,93 euros.
La Fiscalía incide en que «ninguno» de estos contratos reseñados responden a un interés público sino a un interés «puramente particular», pues el expresidente era «plenamente consciente de la práctica imposibilidad material y económica del proyecto».
Además, remarca que los doce contratos menores pagados fueron iniciados «como mínimo» dos días antes de que se firmase el contrato entre el Ibisec (empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura que gestionó la contratación del proyecto) y Santiago Calatrava.
Ante esto, el Ministerio Fiscal interpreta que Calatrava ya tenía preparada la maqueta y el vídeo «mucho tiempo antes» y que el expediente administrativo «es un simple montaje».
El escrito de acusación de la Fiscalía recoge también que meses después, en septiembre de 2007, Santiago Calatrava, que ya había cobrado 1,2 millones por un anteproyecto de la ópera que nunca entregó al Govern, reclamó al ejecutivo autonómico la citada maqueta, pero su petición fue rechazada.
El Govern explicó al arquitecto que, si bien la propiedad intelectual de dicha maqueta seguía siendo suya, el ejecutivo había pagado por ella: «Si tiene interés en recuperar las maquetas no hay inconveniente siempre que, previamente, lleguemos a un acuerdo, especialmente en el aspecto económico», le respondió el Govern.