«Nada hay de entre los hechos acreditados en los que haya participado la señora (Maria Antònia) Munar que pueda suponer conducta ilícita ninguna y, mucho menos, conducta típica en el ámbito penal», señala el abogado de la ex presidenta del Parlament, Gabriel Garcías, en el recurso de reforma y subsidiario de apelación (este último lo debe resolver la Audiencia de Palma) en contra del auto dictado por la jueza del 'caso Can Domenge' en el que inicia los trámites para la apertura de juicio oral.
Además de Munar, están imputados Miquel Nadal, Bartomeu Vicens, Miquel Àngel Flaquer, Santiago Fiol, Mario Sanz y Ramón Sanahuja. Los delitos que les atribuyen la Fiscalía Anticorrupció y la jueza son: prevaricación, fraude a la Administración, facilitación de información privilegiada, uso de información privilegiada y malvesación de caudales públicos.
Especulación
El recurso contra el auto presentado por la defensa de Munar, según ha explicado su abogado, señala que el papel desempeñado por la ex presidenta del Parlament y presidenta del Consell de Mallorca en la pasada legislatura queda reducido única y exclusivamente a compartir con el equipo de gobierno del Consell que podría ser una buena iniciativa enajenar tal finca por su valor real, evitando especular, para conseguir a través de la iniciativa privada la realización de un proyecto urbanístico de referencia para Palma en una zona no especialmente favorecida.
Por ello, el letrado insiste en que la actuación de su clienta en la enajenación de Can Domenge se circunscribe a la ampliación del plazo de 15 a 30 días para la presentación de proyectos y la formalización ante notario de la escritura pública de compraventa al ganador del concurso (la UTE formada por Sacresa y Construcciones Ferratur).
Por ello, insiste en que «no parece razonable mantener la imputación a Maria Antònia Munar».