A la tercera fue la vencida. El polémico juicio contra la traductora magrebí Saida Saddouki se ha celebrado esta mañana en el juzgado Penal 1 de Palma, quedando visto para sentencia.
La traductora, acusada de un delito de injurias contra un capitán de la Guardia Civil, declaró visiblemente emocionada que cuando se reunió con el querellante en 2007 "tenía mucho miedo" y que intentó marcar el teléfono de Emergencias por los pasillos de Comandancia sin éxito.
Añadió que el capitán "me empezó a hablar con un tono alto y una mirada agresiva" y que le dijo "no me entra en la cabeza que defiendas un idioma que ni siquiera existe porque unos se lo han inventado ... Lo que me faltaba, una mora catalanista".
La versión del capitán es completamente diferente y afirmó que "nunca, nunca, nunca" había pronunciado estas palabras". Éste añadió que recibió a la intérprete cuando le comunicaron que quería hablar con él y que ella se quejó del trato recibido en la puerta por parte de uno de los agentes en haberle hablado en catalán. Él le contestó que "lamentaba los hechos" pero que no era responsable de ese área.
Añadió que "no estaba en absoluto alterado" y que se siente "perjudicado" por las declaraciones que la acusada realizó en una rueda de prensa en la sede de Obra Cultural Balear. Afirmó también que "su primera y única intención es la salvaguarda de mi honor" e insistió en que la intérprete fue tratada con respeto.
Hay que recordar que Saddouki compareció en agosto de 2007 en una rueda de prensa en la sede de Obra Cultural Balear para denunciar públicamente el trato recibido por parte del capitán de la Benemérita. La traductora había acudido a él para quejarse sobre el comportamiento de un agente que custodiaba el acceso a Comandancia donde ella había empezado a realizar traducciones de conversaciones telefónicas de unos argelinos sospechosos. Sólo trabajó dos días. Los hechos tuvieron repercusión mediática y el delegado del Gobierno, Ramon Socias recibió a Saddouki y le pidió disculpas e incluso fue motivo de una pregunta parlamentaria en el Congreso.
El juicio ha quedado visto para sentècia. Saida aprovechó la última palabra para decir: "Me considero una víctima, sólo dije lo que me había pasado y confío en la Justicia". La Fiscalía solicita una indemnización de 1.000 euros y una multa de 1.440 eruos. La acusación particular, representada por el abogado Alberto García, considera que la acusada es autora de un delito de injurias graves y pide 10.000 euros de indemnización y una multa de 2.520 euros.