La Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar al juez el archivo de la causa completa del caso Plan Territorial de Mallorca porque no ha podido comprobar en tres años el pago en efectivo o especies de comisiones o sobornos por parte de particulares (con las áreas de reconversión) a los responsables políticos, lo que constituye delito de cohecho. El escrito, que ya sadio presentado formalmente, señala "Se han realizado las correspondientes investigaciones patrimoniales, que concluyen en sentido negativo". Asimismo, el escrito presentado concluye que "no ha sido posible delimitar mediante indicios sólidos la autoría de los hechos objeto de investigación".
Así pue, el 'caso Plan Territorial de Mallorca' (PTM), las supuestas plusvalías millonarias obtenidas con la compraventa de terrenos tras la aprobación de esa norma urbanísticas, y de las Àreas de Reconversión Territorial (ART), va camino del archivo tras tres años de instrucción en dos juzgados de Palma.
La Fiscalía Anticorrupción de Balears, siguiendo instrucciones de sus superior jerárquico en Madrid, Antonio Salinas, ha presentado en el Juzgado de Instrucción 6 de Palma una petición de sobreseimiento provisional de la causa para los imputados Jaume Font, ex portavoz del PP, Bartomeu Vicens, ex conseller insular del Territori, los promotores Vicenç Grande, del Grupo Drac, Mateu y Cristóbal Sastre, de Ibercon.
El Ministerio Público no ha podido probar en todo el prolongado periodo de instrucción, iniciado en 2007 y en la que han participados dos jueces, Pedro Barceló en Instrucción 1 y Miquel Florit en Instrucción 6, la autoría de los delitos o los partícipes en hechos punibles.
Causa estancada
La causa estaba estancada desde hace meses, no se avanzaba, según reconocieron fuentes próximas a la investigación y por ello, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach decidieron evacuar consultas con su jefe en Madrid, Antocio Salinas.
El 'caso PTM' solo podría seguir adelante en el caso de que el juez apreciara elementos de incriminación y recurriera a una segunda opinión del fiscal general del Estado, ya que, no hay personada ninguna acusación particular. El 'caso Plan Territorial de Mallorca' estalló con mucha fuerza al hacerse públicas las conclusiones provisionales de la investigación realizada por la policía judicial y el Ministerio Público tras una denuncia presentada por el Grup d'Ornitologia Balear.
Según la querella inicial de la Fiscalía Anticorrupción, la compraventa de terrenos en las Àreas de Reconversión Territorial (ART) habrían generado plusvalías superiores a los 297 millones de euros. Los delitos supuestamente cometidos por los imputados eran información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
Una de las claves de la investigación dirigida por el juez Florit fueron las Àreas de Reconversión Territorial (ART), donde se negociaron recalificaciones de terrenos de rústicos a urbanizables que, en algunos casos, finalizaron con promotores obteniendo plusvalías millonarias.
Los municipios investigados fueron Marratxí, Campos, Sóller, Pollença y Alcúdia. Precisamente, agentes judiciales de la Guardia Civil se incautaron de toda la información relativa al PTM en esas localidades durante la primera fase de la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
Entre las unidades de ejecución conocidas de las ART destacaron la paralización de la urbanización Cala Carbó por nuevo suelo urbanizable en L'Ullall en el Port de Pollença, con el crecimiento de 10,7 hectáreas de nuevo suelo unifamiliar y familiar; los hoteles Don Pedro en Pollença y Rocamar en Sóller por suelo urbanizable en Sa Vinyola (Campos), que prevé 42,2 hectáreas de hoteles, apartamentos y ciudades de vacaciones; esponjamiento en Alcúdia (Bellevue) por suelo urbano en Son Crevers (Marratxí), con 32 hectáreas residencial, 1.200 viviendas e inmuebles urbanos por suelo edificable en S'Arenal y Son Verí Nou. Todos los imputados defendieron su inocencia en las declaraciones qu realizaron ante el juez Florit a lo largo de la instrucción.