El director general de Coordinació i Traspassos d'Agricultura i Pesca del Govern balear, Fernando Pozuelo, reconoció ayer estar al tanto de posibles irregularidades en la inscripción de las parcelas que conforman sa Vinya Vella de Son Vivot en el registro de explotaciones agrarias que gestiona el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba), según denuncia la sociedad propietaria de los terrenos, Corporación Rosselló-Castell S.A., en una querella interpuesta contra el payés Gabriel Morell Grau por un presunto delito de estafa documental.
Ante esta situación -advertida ya por Ultima Hora en su edición del pasado 9 de octubre- y sobre todo debido al eco mediático y social que ha tenido en la comarca de Inca, concretamente en Campanet, Pozuelo anuncia que el Fogaiba estará vigilante en lo que pueda haber ocurrido u ocurra a raíz de la presunta inscripción irregular de sa Vinya Vella de Son Vivot en el registro de explotaciones agrarias.
Entera disposición
Asimismo, el director general de Coordinació i Traspassos d'Agricultura i Pesca también desveló que el payés querellado se ha puesto a disposición del Fogaiba para aclarar, matizar o rebatir las acusaciones que Corporación Rosselló-Castell S.A. vierte sobre su persona.
Según Corporación Rosselló-Castell S.A., el denunciado registró a su nombre sa Vinya Vella de Son Vivot para poder tener acceso a las líneas de subvención del Fogaiba. En su defensa Morell Grau exhibe un contrato de arrendamiento suscrito con la anterior propietaria de las parcelas, pero el representante legal de la mencionada corporación, el letrado Eduardo Valdivia, asegura en la querella presentada que el contenido del contrato es «mendaz».
DNI e IRPF
Cabe recordar que, tal y como ya advirtió este diario hace unos diez días, cualquier persona puede inscribir como suya una parcela en el registro general de explotaciones agrarias presentando únicamente una copia del DNI y otra de la última declaración del IRPF. Nada más, ni escrituras de propiedad, ni contratos de arrendamiento.
Según Pozuelo, la mera inscripción de los terrenos en el registro del Fogaiba no otorga ningún derecho para obtener ayudas económicas. Sin embargo, algunos ingenieros agrícolas consultados afirman lo contrario.