F. J., imputada en la 'operación Pasarela', que investiga una supuesta trama de corrupción en la Conselleria de Turisme en el Govern de Jaume Matas, ha declarado ante el juez que firmó facturas y se realizaron ingresos de dinero en su cuenta bancaria procedentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) por mediación de su marido, Kamal Dorai, también imputado en la causa.
Los investigadores sospechan que Dorai dio de alta a su mujer como trabajadora autónoma para justificar parte del dinero que recibía del Ibatur y enmascarar, de esa manera, retribuciones supuestamente irregulares
Tanto F. J. como su marido, Kamal Dorai, fueron detenidos en el inicio de la 'operación Pasarela' el pasado mes de julio, aunque quedaron en libertad con cargos.
Pasaporte
En concreto, el juez ordenó la retirada del pasaporte al ex responsable de 'catering' en la ferias a la que asistía la Conselleria de Turismo
En la declaración realizada en el juzgado de Instrucción 2 de Palma, F.J. ha señalado que firmó tres facturas y que el dinero se ingresaba en su cuenta, porque se lo daba su marido, ex responsable del 'catering' del Ibatur en la ferias turísticas. F. J., defendida por el abogado Agustín Aguiló, ha insistido ante el juez que ella sólo firmaba las facturas y que se quedó con 6.000 euros anuales durante tres años. El resto, que no especificó, se lo daba a su marido.
Añadió que firmaba «un papel que era como un recibo» y que nunca se fijó que estuviera a su nombre, ya que su marido le decía que tenía que firmar, ya que «era un arreglo entre él y el Ibatur», ha precisado. «Nunca pregunté nada, me dijeron que tenía que hacerlo así y siempre he firmado lo que mi marido me decía, y con él llevo casada 36 años», ha indicado.
F.J. ha subrayado que sólo asesoraba a su marido y que nunca realizó trabajo alguno para el Ibatur de manera directa.
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Sobre la contratación de Dorai, los investigadores postulan que este expediente fue negociado sin publicidad y adjudicado de antemano por un importe anual de 27.500 euros para coordinar el servicio de catering.
Es más, un informe de la Policía señala que, además de este negociado -que fue prorrogado de 2005 a 2007 por 30.000 euros anuales-, Dorai fue adjudicatario de dos contratos menores por un total de 4.361 euros por servicios presuntamente no realizados.