El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley del ente público de la Radiotelevisió de les Illes Balears, la 'ley de IB3' y, pocas horas después de ser anunciado por el conseller de Presidència, uno de los socios del Ejecutivo, el Bloc, anunció que presentaría enmiendas en el trámite parlamentario: el Bloc quiere que se garantice una «plantilla fija» para los Informativos y que, estos, no se puedan adjudicar, al menos en su totalidad, a empresas de comunicación ajenas al ante como ocurre en la actualidad.
El conseller de Presidència, Albert Moragues, preguntado expresamente si la ley (que no entrará en vigor hasta la próxima legislatura) permitía mantener el actual sistema de gestión de los informativos, se limitó a leer el artículo 2 que establece que dependerán directamente del ente, algo que ya ocurre en la actualidad pues el equipo directivo está contratado directamente por IB3. Para el Bloc, este redactado no resuelve el problema de fondo y, por ese motivo, ha decidido actuar como portavoz del SPIB, el sindicato de periodistas que reclama una plantilla fija. La ley, aclaró Moragues, no establece la 'funcionarización' de la plantilla ni el sistema de concurso público aunque todas esas decisiones podrán analizarse en su momento.
Para elegir l director o directora general de ente, que dependerá del Parlament, se establece una mayoría de dos tercios. Ahora es suficiente la mayoría simple.
Abstención del PP
Aunque la nueva ley no entrará en vigor hasta la próxima legislatura (según el conseller Moragues, para no interferir en el proceso electoral de próximo año), el próximo martes el Parlament tendrá que elegir al sustituto de Antoni Martorell en la dirección general.
Aunque la idea es que el sustituto de Marorell, concretamente Pere Terrassa, sea elegido por el más amplio consenso (el PP está dispuesto a una «abstención en positivo» y así se lo comunicó José Ramón Bauzá al president Antich), lo cierto es que basta mayoría simple.
Albert Moragues se refirió a la incompatibilidad, o no, de Terrassa para ocupar el cargo, ya que forma parte del consejo de administración del Mallorca. Dijo que será el Parlament quien fije las incompatibilidades y que abrirá un plazo de un mes para verificarla.