La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se imponga al ex gerente del Bitel Damià Vidal una pena de catorce años de cárcel y que indemnice a esa entidad pública con 700.000 euros como presunto autor de cuatro delitos: continuado de malversación de caudales públicos, continuado de fraude a la administración, prevaricación, y continuado de cohecho.
En el 'caso Bitel', que instruye el Juzgado de Instrucción 10 de Palma, se investiga una supuesta trama de malversación de caudales públicos.
Damià Vidal se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros, y el resto de imputados son Sebastiá y Juan Romaguera, Ramón de la Iglesia e Iván Guardia.
Beneficios
El fiscal señala en su escrito que Damià Vidal, «guiado por el ánimo de obtener beneficio económico, ideó, planificó y desarrolló una serie de actuaciones con la finalidad de apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos de los que tenía poder y disposición por razón de su cargo, aprovechándose de la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros sobre su gestión». Añade que la sustracción de fondos del erario público se desarrolló «utilizando hasta seis fórmulas distintas». Entre ellas, destaca «los gastos que el querellado realizaba con la tarjeta de crédito que le había asignado Bitel». En este apartado, el fiscal incluye en su escrito compras efectuadas por Vidal con dinero público en restaurantes, hoteles, viajes, salones de té, y también, «sustrajo la cantidad de 22.092,65 euros de los fondos públicos mediante la realización de continuos y reiterados reintegros en cajeros automáticos con la tarjeta de crédito reseñada», según la querella.
Más acusados
Los otros acusados son Iván Guardia, para quién el fiscal pide 1 año y 8 meses de prisión y multa de 80.000 euros; Miguel Simonet (2 años de prisión); Ramón de la Iglesia (1 año y 8 meses de prisión y multa de 16.000 euros); Sebastián Romaguera, con la atenuante de reparación del daño (9 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros).
Vidal, según el escrito del fiscal, también se adjudicó numerosos contratos de prestaciones de servicios con diversas entidades mercantiles, «a cambio de una comisión que oscilaba entre el 16,5 y el 22,5 por ciento del servicio contratado».