Bibiana Aído asegura en Palma que «la discriminación laboral es un mal negocio»

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró ayer en Palma que «la discriminación laboral es un mal negocio», destacando que entre los logros del semestre de presidencia española de la Unión Europea, que acaba de concluir, figura haber incorporado a las directrices de la estrategia 2020 «la necesidad de incrementar la tasa de empleo femenino».
Así lo manifestó ayer la ministra minutos después de hacer pública la prórroga del convenio de colaboración para formar a un grupo de 200 mujeres demandantes de ocupación en gestión empresarial para afrontar la puesta en marcha de una actividad empresarial, ya sea como autónomas o formando parte de cooperativas o sociedades laborales.
Diplomas
Aído, acompañada por el president del Govern, Francesc Antich y la consellera de Turisme i Treball, Joana Barceló, entregó también, en un acto celebrado en el auditorio del Museu Es Baluard, los diplomas acreditativos a las mujeres que terminan con éxito la formación para la autoocupación en la pasada edición.
Durante su intervención la ministra destacó la incorporación por parte de España de la necesidad de aumentar el empleo femenino en la directriz europea para la próxima década de alcanzar la tasa de empleo global de un 75%. En la actualidad la tasa de empleo masculina europea es del 76% y la femenina del 63%.
Según destacó la ministra el Gobierno promueve «la igualdad en el acceso, la permanencia y la promoción de las mujeres en el ámbito empresarial» por considerar que «no sólo es cuestión de justicia social, sino también de rentabilidad, competitividad y productividad».
La ministra, que por la mañana fue recibida en audiencia por el president Antich y por la tarde pronunció una conferencia a sus compañeros del PSIB-PSOE sobre 'Las políticas de igualdad impulsadas en España y durante la presidencia española de la UE' indicó en Palma que «no tengo ninguna duda de la plena constitucionalidad de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, destacando que se trata de una norma «garantista» que respeta «totalmente los límites marcados en su día por el Tribunal Constitucional».