La Conselleria d'Educació anunció ayer que aplicará, vía decreto del Consell de Govern, una reducción del 5% del salario a los docentes de la enseñanza privada-concertada, a los que considera, a estos efectos, funcionarios públicos.
En la reunión celebrada ayer por la tarde de la Mesa de la Enseñanza Concertada, la directora general de Planificació i Centres, Elvira Badía, fue la encargada, ante la ausencia, como ya es habitual, del conseller Bartomeu Llinàs, de comunicar a las patronales y sindicatos del sector que los trabajadores de los colegios concertados también se verán afectados, con efectos desde del 1 de junio, por el recorte salarial acordado por el Gobierno como parte del paquete de medidas para reducir el déficit.
Este recorte del 5% supondrá entre 110 y 130 euros mensuales para los cerca de 3.500 docentes de la red de enseñanza concertada que hay en las Islas, a los que, además, se anunció la congelación del acuerdo de 2008 que contemplaba el abono de la paga de los 25 años, los sexenios y el complemento retributivo.
Las reacciones no se hicieron esperar y tanto desde la USO, como desde el Stei-i o la patronal Escola Católica se anunció que «tomaremos todo tipo de medidas para parar este atropello». «Vamos a ir a por todas» aseguraron, y, por lo pronto, anunciaron que estudiaránla presentación de un contencioso.
Desde el Stei se recordó que los trabajadores de la red concertada «no son contratados por la administración, por lo que no tienen relación de funcionariado, sino que se rigen por un convenio de negociación colectiva que se realiza en Madrid». Por ello, considera que este recorte es «ilegal».
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