El Govern ha enviado al Parlament un proyecto de ley de Función Pública que prohibe expresamente a los altos cargos políticos participar en pruebas selectivas para acceder a la administración autonómica. La misma ley deja claro que, en caso de empate entre hombres y mujeres que optan al mismo puesto, y en los que las mujeres estén infrarrepresentadas, tendrán ventaja para acceder a la plaza.
La consellera d'Interior y Justicia, Pilar Costa, dio ayer cuenta de este proyecto que fue aprobado en el Consell de Govern y que ha sido pactado con las organizaciones sindicales. Costa aclaró que UM se muestra dispuesta a darle el visto bueno aunque presentará algunas propuestas propias. El PP aún no ha aclarado cuál será su voto, dijo.
Esta ley será la primera vez que sea de todas las administraciones de las islas y no sólo de la administración autonómica, de manera que su ámbito de aplicación contemplará desde las entidades locales, como la administración autonómica y las entidades de derecho público que dependan de ésta.
Libre designación
El proyecto de ley incluye unos límites de la provisión de puestos de empleo mediante el procedimiento de libre designación, que estará «reducido de forma sustancial». Por otra parte, los límites para el concurso-oposición están establecidos en el 20 por ciento del concurso.
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