La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo miércoles una vista para revisar el recurso de apelación que interpuso el letrado Gregorio San José contra el auto dictado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en el que determinaba la conexión existente entre las investigaciones sobre el incremento patrimonial del ex presidente del Govern, Jaume Matas, y el presunto desvío de fondos públicos producido durante la construcción del velódromo palmesano.
No obstante, fuentes judiciales explicaron a Europa Press que será varios días después de la vista cuando el tribunal resuelva sobre la impugnación del auto. El ex ministro de Medio Ambiente se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros y sobre el que pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, castigados con hasta 64 años de prisión.
Cabe recordar que San José, defensor de una de las comerciantes que proveyó de televisores de lujo el palacete de Matas, ya solicitó el pasado mes de diciembre la nulidad de las investigaciones sobre el patrimonio del ex jefe del Ejecutivo en el marco del caso Palma Arena, una petición que fue desestimada a principios de febrero mediante un auto, contra el cual el letrado interpuso el recurso.
El abogado cuestiona la competencia de Castro para investigar el patrimonio del también ex ministro al preconizar la falta de indicios de que parte del sobrecoste en la ejecución del Palma Arena (2003-2007) acabase engrosando el patrimonio de Matas. Un extremo que a su vez negó el principal encausado del caso en la declaración que efectuó durante tres días el pasado marzo, y tras la que el magistrado decretó prisión bajo fianza de tres millones de euros contra el ex presidente.
EL PATRIMONIO DE MATAS, UNO DE LOS «PRINCIPALES» DESTINOS DEL DESVIO
En concreto, el auto de Castro, al que tuvo acceso Europa Press, considera «obligada» la continuidad de las investigaciones del patrimonio de Matas por ser «uno de los principales destinos» de los más de 40 millones de euros desviados en la construcción del velódromo y «en razón de un origen indiciariamente delictivo del mismo».
Unas sospechas que «ganan terreno» debido a que las decisiones que generaron el sobrecoste fueron tomadas «unipersonalmente, despreciando los procedimientos administrativos legalmente establecidos para controlar el gasto público y la pureza de las adjudicaciones».
Fue el pasado 11 de septiembre cuando Castro acordó incorporar las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria al caso Palma Arena, que investiga la presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo palmesano, cuyo coste se disparó de los 48 millones inicialmente presupuestados a unos 110.