Jaume Matas será el último imputado que se sentará ante el juez el martes. Antes que él pasarán su cuñado, Fernando Areal, su amigo y ex presidente de Gesa, Bartomeu Reus, y su mujer, Maite Areal. Todos ellos son sospechosos de haber participado en el presunto enriquecimiento ilícito del ex president.
La participación de Reus es la más concreta de los tres. El juez le preguntará por el piso de lujo que adquirió en la calle Ramón de la Cruz de Madrid, en el que viven los hijos del ex ministro. Reus sostiene que el piso es de su propiedad y que lo tiene alquilado a Matas. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil sobre el patrimonio del principal imputado en el caso arroja sospechas sobre este extremo y cree que Reus puede ser un testaferro.
Mucho más tiene que explicar el cuñado, Fernando Areal, el único de los tres que ya ha declarado por el 'Palma Arena'. Éste fue relacionado por varios proveedores del palacete de la calle Son Feliu con pagos en negro. En concreto, el responsable de una empresa constructora habló de dos pagos en negro, de 32.000 euros. Un electricista cifró los pagos que recibió en 'b' en 70.000 euros. Su hermana, Maite Areal también tendrá que contestar por pagos en negro. Los instaladores del aire acondicionado del palacete y el vendedor del mobiliario dijeron que recibieron 35.000 de la mujer de Matas en efectivo.
Además de los pagos en 'b', Fernando Areal está en el centro de uno de los vínculos más estrechos entre la investigación sobre Matas y el 'Palma Arena'. La sociedad de inversiones que gestionaba el hermano tenía como socio principal a la constructora Melchor Mascaró, responsable de buena parte de los trabajos del velódromo.
Maite Areal tendrá que responder también sobre su elevado tren de vida y sus numerosas compras. Las más espectaculares son las que corresponden a relojes y joyas adquiridos en el mismo establecimiento de Palma. En apenas tres años, la esposa del entonces president gastó 60.000 euros y realizó todos los pagos en metálico.
Fernando Areal ya compareció el 31 de agosto ante el juez para explicar una serie de facturas por valor de 72.000 euros encontradas en la empresa Nimbus de publicidad y que pudieron financiar la campaña electoral del Partido Popular. Aquel día, el que era también gerente del PP negó esta posibilidad: «En un partido político no puede haber un solo euro 'en negro».