La 'operación Voltor', que investiga una supuesta trama de corrupción en el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), continuó ayer con la detención del concejal del Ajuntament de Palma y ex conseller de Turisme, Miquel Nadal, y de otros funcionarios del Inestur y empresarios, con lo cual el número de personas que han sido trasladadas a los calabozos de la Policía Nacional desde el pasado miércoles asciende a dieciocho (ver gráfico en estas mismas páginas). Nadal fue detenido en su despacho de Cort alrededor de las diez de la mañana y fue conducido a las dependencias policiales a bordo de un coche. En principio, los investigadores le imputan el delito de prevaricación y anoche fue interrogado por el fiscal y agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional en presencia de su abogado Josep Zaforteza. Los indicios que supuestamente le vincularían a la 'operación Voltor' nacen del cargo de conseller de Turisme que desempeñó entre septiembre de 2008 y diciembre de 2009, es decir, cuando presidía el Inestur.
Sumario
Como máximo responsable de ese organismo, los investigadores le asocian a los hechos, o a una parte de ellos, presuntamente delictivos que obran en el sumario de la causa declarado secreto por la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Palma, Carmen Abrines.
Las primeras declaraciones de imputados habrían confirmado gran parte de los datos que manejan la policía y el Ministerio Público, según las fuentes consultadas por este diario.
En ese contexto, dos empresarios, R.G. y J.N. A., habrían admitido algunas ilegalidades en los contratos, pero, en cambio, rechazaron haber pagado comisiones o haber incurrido en malversación de caudales públicos en sus relaciones con el Inestur. Defendidos por la letrada Isabel Fluxá, quedaron en libertad, pero serán citados por la juez en calidad de imputados por la comisión de los delitos de fraude y exacción de caudales públicos.
Otra de las personas que continúa detenida es el contable de UM y responsable de la Unidad Económica Administrativa del Inestur, Àlvaro Llompart. Defendido por el abogado Fernando Mateas, Llompart se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio y hoy está previsto su traslado al juzgado de guardia de Vía Alemania.