En septiembre de 2008 la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Palma, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, inició unas diligencias informativas para esclarecer la procedencia del patrimonio de Jaume Matas. Las investigaciones se centraron en tres frentes: Palma, Madrid y la Colònia de Sant Jordi.
Un año después, el equipo de guardias civiles ha elaborado lo que se llama un «informe de conclusiones», donde se recogen todos los indicios, sospechas, opiniones y datos contrastados que se han ido recogiendo. Este informe se terminó de elaborar a finales del pasado mes de septiembre, y se entregó a la autoridad judicial. Ultima Hora ha tenido acceso al mismo y se reproducirán en éstas páginas los párrafos considerados más importantes.
La compra
El informe se inicia así: «Tal y como consta en las escrituras públicas formalizadas ante el notario Alvaro Delgado Truyols, en fecha 15 de septiembre de 2006 el matrimionio compuesto por Jaime Matas Palou y María Teresa Areal Montesinos formalizan la venta del inmueble de su propiedad, sito en la calle Es Barranc número 10 de Cas Català (Calvià), por un importe de 840.000 euros, figurando como comprador Jaime Buxó Clos. Según se ha constatado entre diversos propietarios de otros inmuebles adyacentes, el valor venal fue superior al valor real de mercado existente en esos momentos, pudiendo rondar una sobrevaloración superior a los 150.000 euros». En el informe se sigue hablando del comprador del adosado: «Jaime Buxó Clos es directivo de la empresa privada Grupo Barceló, con quien finalmente, tras el abandono de su carrera política, Jaume Matas pasó a trabajar. Conforme a dicha operación contractual, así como a la subrogación de un préstamo hipotecario en la Caja de Arquitectos por importe de 600.000 euros por parte del matrimonio Matas- Areal, se justifica la adquisición del inmueble sito en la calle Sant Feliu número 8 de Palma, por un importe de 950.000 euros».
El edificio pertenecía a la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María. El informe añade que «la venta fue gestionada por el padre Juan Arbona Colom, que en la actualidad se encuentra en una misión en Argentina, Guiseppe Violante y Pedro Bernat Brondo (fallecido), en representación de la entidad mercantil Nova Labritja, tal y como consta en escritura pública otorgada en fecha del 17 de diciembre de 2003».
Testigos
A continuación se informa de que «en acto, tal y como consta en manifestación de Gabriel Cabot, intermediario entre dicha congregación y la entidad mercantil, se encontraban presentes, a pesar de no figurar en la transmisión, Teresa Castellà López, esposa de Juan Buades (bufete Buades-Feliu de Palma) y este último, a quien cree recordar que estaba en la notaría».
El importe abonado por la compraventa fue fijado en un millón seiscientos veintidós mil setecientos treinta y dos euros.
Según manifestación de Antoni Vallespir Llompart, actual administrador general de la Congregación y perfecto conocedor de dicho inmueble, indica que el mismo se encontraba en su conjunto en un estado «muy deteriorado, siendo precisas unas grandes obras de mejora». Cabot añadió en su declaración que los ocupantes del convento «sólo hacían uso de la planta baja», teniendo totalmente desatendidas el resto de las dependencias, entre las cuales estaba la planta noble, que es la que ahora es propiedad de la familia Matas-Areal). Del resto de las dependencias que no se ocupaban, Cabot dijo que su estado era 'lamentable' y que habían estado desatendidas unos 35 años.
Valoración
La Agencia Tributaria fija el valor del inmueble en dos millones cuatrocientos mil euros, «sin contar otro tipo de acondicionamientos que posiblemente pudieran existir en su interior.» (Este informe está hecho antes del registro en el 'palacio').
Otras fuentes de mercado cifran su valor entre cuatro y cinco millones de euros, se señala en el informe.
En otro apartado del mismo se dice que «Nova Labritja, 'vendedora' del inmueble a la familia Matas, por no definirla como sociedad instrumental utilizada para tal fin, no podía desconocer los precios reales de mercado».
A continuación los integrantes de la Unidad de la Policía Judicial escriben que, pese a que la compra del 'palacio' se formalizó el 25 de octubre de 2006 como a continuación consta en siguientes testificales de personas relacionadas con la reforma, queda demostrado que, de facto, anterior a la venta del adosado de Cas Catalá, la familia Matas ya era propietaria del inmueble de la calle Sant Feliu.
Las testificales señaladas son las de Antonio Miquel Martí, «que realizó la reforma y modificación de tuberías, sanitarios y montaje. Inició las obras a mediados de 2005 y acabó a finales de 2007. La persona que contactó con él fue Maite Areal.»
La sauna
«En fecha de 13 de enero de 2005, la señora Areal adquirió una sauna de más de siete mil euros. Juan Serra, constructor, declara que mientras hacía trabajos de reforma en la sede del PP de Palma, en el año 2004, se desplazó en numerosas ocasiones al inmueble de la calle Sant Feliu, y que por indicación de Maite Areal se llevó a tres o cuatro trabajadores de confianza para que hicieran trabajos. Juan Serra añade que en el citado año él ya sabía que el inmueble de la calle Sant Feliu pertenecía a la familia Matas-Areal, si bien las facturaciones las hizo en el año 2006 «por la confianza y seriedad que me inspiraba la familia.»
Daniel Carlos Llofriu, un arquitecto técnico de la empresa Gesdan que realizó la ejecución material de la obra, el 28 de mayo de 2004, observó a un operario de la empresa Denario que hacía un agujero en el muro de carga, en la planta noble del edificio. El informe refleja que «el arquitecto ordenó la paralización de la actividad. Denario es propiedad de Antonio Obrador».
La Guardia Civil concluye que por todo lo expuesto, se presupone que la propiedad del inmueble era de la familia Matas-Areal tan solo cinco meses después de haber sido enajenada por la Congregación. En el caso de que Nova Labritja no hubiera sido el intrumento utilizado para encubrir la transacción, tal y como sospechan los instructores, habría sido sumamente generosa con la familia compradora, habiendo realizado una operación endeudándose en la Caja de Arquitectos para no obtener beneficio alguno.
A continuación los expertos de la Guardia Civil hacen un somero análisis, para llegara la conclusión de que Matas pagó en negro las obras, o gran parte de ellas. Éste es el razonamiento: «Del estudio de las facturas aportadas por uno de los pocos proveedores de los que se ha tenido constancia, es de reseñar que paradójicamente se encuentran fechadas principalmente entre los años 2006 y 2007, cuando en realidad ya en el 2004 y 2005 estaban realizándose trabajos en la planta noble, como se recuerda por indicación de Maite Areal, no constando provisiones de fondos o dinero a cuenta alguno.»
No creíbles
«Dicho proceder entre particulares, máxime en facturaciones por importes elevados, se encuentra totalmente fuera de la practica habitual de comercio, en los que a lo sumo lo habitual son los pagos a 90 días. Nos encontramos con adquisiciones o servicios realizados, que se han devengado transcurridos dos años, no habiéndose interrumpido los trabajos por un supuesto impago ni constatando reclamación civil sobre ellos, lo que evidencia o bien un grado de excepcional confianza entre industrial y cliente, de difícil credeibilidad, o, como se sospecha, se hicieron pagos a cuenta no documentados los cuales, por temor de los industriales al no haber sido declarados, no son reconocidos. Con toda probabilidad los mismos se han hecho en efectivo para no dejar constancia».