La Junta de Gobierno aprobó ayer de forma inicial los presupuestos del Ajuntament de Palma para el próximo año. En total, el presupuesto consolidado asciende a 586.118.220 euros, lo que supone un descenso del 14'01 por ciento respecto al año anterior, cuando era de 682.635.997 euros. La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, y el teniente de alcaldesa d'Hisenda, Andreu Alcover, puntualizaron que el presupuesto propio del Consistorio es de 415 millones de euros, un 13'33 por ciento inferior al de 2009; mientras que el de las empresas públicas será de 586 millones de euros, un 14'14 por ciento inferior a 2009.
Por áreas, la Policía Local es la que se lleva la mayor parte del presupuestos, exactamente 52.712.438 euros. Le siguen Hisenda e Innovació con 51.642.638 euros, Netetja i Medi Ambient con 50.891.503 euros (ver gráfico).
Calvo y Alvover calificaron a los presupuestos para 2010 de «austeros, prudentes y responsables, con menos ingresos, tanto por la bajada de los derivados de los impuestos ligados a la construcción como por la congelación de tasas, precios e impuestos». En concreto, los presupuestos de 2010 prevén una bajada de ingresos de un 13 por ciento; que en el caso de los inmobiliarios se incrementa hasta el 34 por ciento. No obstante, el equipo de Gobierno prevé incrementar la recaudación de este último respecto a la real que se ha realizado este año, que es algo inferior a los 20 millones de euros, mientras que se preveían que fuesen 47'7 millones de euros.
Calvo y Alcover destacaron que los presupuestos priorizan las políticas de bienestar social, las de promoción social y ocupación y la seguridad ciudadana, con incrementos de un 7'7 por ciento, 9'3 por ciento y 3'9 por ciento, respectivamente.
Sin embargo, el portavoz del PP en Cort, Julio Martínez, aseguró que el incremento de las políticas de bienestar social depende de las subvenciones del Govern, que aún no están confirmadas. Una prueba de ello es que el interventor las contempla dentro del apartado 'partida condicionada de gastos' y no se podrá hacer efectiva hasta que no cuente con la autorización expresa del Ejecutivo autonómico. «La política de Benestar Social de Calvo depende de que lleguen las subvenciones del Govern», manifestó Martínez.