VÍCTOR MALAGÓN
Culpable con una de cal y otra de arena. El veredicto del jurado contra Javier Rodrigo de Santos le considera culpable de malversación de fondos públicos y pide, de forma expresa y por unanimidad, que el condenado cumpla la pena que le imponga el magistrado que «ha cometido un delito cuando ejercía como funcionario público». Esta condena tendrá que ser de prisión, aunque al juez le queda un amplio margen de decisión entre los cuatro meses y medio de cárcel que pide la defensa y los tres años que solicita Fiscalía. Tampoco es vinculante para el juez la petición del jurado de que no se aplique ninguna suspensión de la pena, así que podría no incluirlo en la sentencia.
En el lado positivo para el ex concejal, el jurado le concede todos los atenuantes que pedía su defensa, incluida la drogadicción. Los nueve ciudadanos que han enjuiciado al ex concejal afirman en su veredicto que De Santos «era adicto a la cocaína, que disminuía de forma no intensa su voluntad para reprimirse». Esta decisión fue tomada por una mayoría de siete votos a favor y dos en contra e implica una leve rebaja en la pena final que fije el juez.
Frente a lo ocurrido en los dos últimos días, el ex concejal se mantuvo bastante entero durante la lectura del veredicto. Sí esbozó algún gesto de dolor antes de que el portavoz del jurado tomara la palabra. Salió de la Audiencia tranquilo, acompañado por su abogado y por su hermano, que ha permanecido con él durante toda la celebración del juicio.
El veredicto del jurado no zanja el debate sobre si De Santos confesó o no. La defensa considera que el fallo sí lo admite y el fiscal discrepa. Lo cierto es que los miembros del jurado interpretan una carta que envió el ex concejal a la alcaldesa como el reconocimiento de un delito. También afirman que esa confesión es anterior a que se admitiera la causa en el Juzgado de Instrucción. Sin embargo, reconocen que el ex teniente de alcalde sabía perfectamente que era investigado por pagar con la tarjeta de crédito de Cort. Mientras que en otros hechos la decisión de los jurados ha sido unánime, buena parte de los puntos sobre la confesión se saldaron con hasta tres votos en contra. El tercero de los atenuantes es el único en el que coincidían las partes antes del juicio, el de la reparación de daño, dado que De Santos devolvió el dinero. El jurado confirma este punto y señala que era la totalidad de lo defraudado.
En sentido estricto, los miembros del jurado afirman en su fallo que De Santos defraudó menos dinero del que aceptaban el fiscal Juan Carrau y el propio acusado. Rechaza que hubiera malversación de fondos en dos pagos a unos grandes almacenes por valor de más de mil euros en total y de otro en un supermercado. Como la acusación sólo aportó en el juicio el ticket de estos pagos y no se detalla en qué se gastó el dinero, el jurado cree que pudieron corresponder a gastos de representación, o que, en todo caso existe una duda razonable.
Otro punto que favorece a De Santos es que el jurado cree que su arrepentimiento es real.
Pese a que el primer juicio contra de Santos ya ha quedado atrás, aún quedan muchas incógnitas por resolver en la sentencia. En su intervención tras la lectura del veredicto, el fiscal solicitó una condena de tres años de cárcel y seis de inhabilitación absoluta. El Ministerio Público señala que es la pena mínima por este delito sin rebajar el tipo y acepta los atenuantes de drogadicción y reparación del daño como simples, dada la «escasa relación» del primero con el delito cometido. El fiscal Anticorrupción Juan Carrau aludió a la gravedad del delito cometido por De Santos: «Era el encargado de velar por el buen uso de los caudales públicos. No era un funcionario cualquiera, era concejal y teniente de alcalde y, dada la cantidad defraudada y la reiteración en el tiempo de la conducta solicito esta condena». La Fiscalía abre la puerta a posibles acciones civiles y pide que conste una reserva a favor de Cort por si encuentra nuevos gastos en la tarjeta de De Santos y quiere pedir la devolución del dinero.
El abogado de De Santos, José Ignacio Herrero, solicita por su parte cuatro meses y medio de prisión y un año y medio de inhabilitación. El letrado recordó en su petición que el jurado ha interpretado de forma favorable al condenado «todas las circunstancias fácticas».