FRANCISCO BARRASA
Sobre esa habitual presencia suya en la junta rectora de la empresa pública la interrogó el representante de la Fiscalía Anticorrupción, que la sitúa de hecho como «supervisora técnico-jurídica» del Govern y como «secretaria de actas» de aquellas reuniones, extremos que ella negó ciñéndose en sus respuestas a un papel meramente testimonial en la adopción de decisiones.
Dulce María Linares Astó, jefa de gabinete de Jaume Matas -con categoría de directora general-, se había vinculado al Govern como jefe del Servicio de Gestión Económico Administrativa cuando su mentor era conseller d'Economia i Hisenda en la legislatura 1995-99, y tras las elecciones autonómicas de 2003 fue llamda a un puesto de responsabilidad política y administrativa en la Conselleria de Vicepresidencia, desde la que pasó al «ala Oeste del Consolat» hasta los siguientes comicios. Linares sustituyó a comienzos de 2004 a María Umbert como principal colaboradora del ex president cuando aquella fue nombrada directora general de la televisión autonómica IB3.
La Fiscalía entiende que no es casual la presencia de Dulce Linares en las reuniones del Consorcio Palma Arena entre la constitución en 2006 de esa empresa pública y el 22 de mayo de 2007, fecha de una reunión de gran poder decisorio durante la cual se decidió que procedía aprobar un sobrecoste de 35'6 millones de euros en la construcción del velódromo «en virtud de la consolidada jurisprudencia que establece que está prohibido el enriquecimiento de la Administración y el consiguiente empobrecimiento del contratista», y en consecuencia impone la obligación de pagar los nuevos gastos «siempre que sean conformes con los precios aprobados por los técnicos de la dirección facultativa».
Precisamente, a ese respecto, Dulce Linares fue preguntada ayer por la elaboración del contrato con los arquitectos Jaume y Luis García-Ruiz, que incluía amplias atribuciones a ambos para la finalización del proyecto antes del campeonato mundial de ciclismo en pista de 2007, del cual dijo haber tenido «noticia indirecta» pero ninguna responsabilidad directa.
De hecho, Linares negó su protagonismo personal o la disposición de su presencia en el Consorcio para avalar decisiones en nombre del president del Govern, aunque el fiscal insistió en que el Ejecutivo balear era el único impulsor de una obra en la que el Consell de Mallorcasólo cedió el solar y el Ajuntament de Palma contribuyó con poco más de 8 millones de euros sobre un coste final de 110.