GERMÀ VENTAYOL
La decisión del juez que investiga el 'caso Palma Arena' se produjo después de tomar declaración durante 6 horas a Luis y 3 horas a Jaime García-Ruiz, en una sesión sólo interrumpida durante una hora para almorzar que se inició minutos antes de las diez de la mañana y se prolongó hasta las ocho de la tarde.
En libertad
Al término de las maratonianas dEclaraciones, el abogado Ramón Riutort, que junto con Josep Zaforteza defiende a los arquitectos García-Ruiz, destacó que ambos «nunca han estado detenidos, entraron libres y han salido libres. La fianza que se les ha exigido no es carcelaria».
Riutort añadió que desde su punto de vista «la fianza impuesta, conjunta y solidaria, nos parece excesiva y por ello la recurriremos, aunque esperamos depositarla en unos días ya sea con aval bancario o hipotecario».
El recurso contra la imposición de la fianza por responsabilidad civil, una de las más altas dictadas en los recientes casos de corrupción, puede tener que acabar siendo resuelto por la Audiencia Provincial ya que según el letrado de los arquitectos «vamos a presentar un recurso de reforma».
Sin acusación
Los dos arquitectos continúan imputado en el 'caso Palma rena', tal y como reconoció su abogado, el cual puso especial énfasis en destacar que «no hay una acusación formal contra ellos». En este sentido insistió en que sobre Luis y Jaime García Ruiz «no hay ninguna imputación directa sobre malversación de caudales públicos ni mucho menos de prevaricación (no son empleados públicos)».
Riutort insistió en que sólo por parte de la Fiscalía se argumentó «una posible defraudación a la Administración» para justificar la importante fianza de responsabilidad civil que al final les fue impuesta por el juez Castro, que investiga el asunto.
El llamado 'caso Palma Arena' investiga el posible desvío de fondos por el injustificado incremento de los costes en la construcción del velódromo, que casi dobló el presupuesto inicial, entre ellos el importe del contrato de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz, por un total de casi 9 millones de euros y por unos conceptos que excedían su labor profesional. La Fiscalía investga si la contratación de los arquitectos fue irregular y si el importe está debidamente justificado.