El delegado del Gobierno en Balears, Ramón Socías, reconoció ayer que se había desobedecido su «instrucción directa» para que los cinco detenidos en la 'operación Espada' "que investiga el presunto sobrecoste fraudulento de la construcción del velódromo Palma Arena", entre los que se encontraban el portavoz del Partido Popular en Cort y el ex director general de Deportes en la pasada legislatura, Rafael Durán y Pepote Ballester, respectivamente, no fueran conducidos esposados en su declaración ante el juez instructor del caso, José Castro.
Las condiciones de su estancia en los calabozos de la Jefatura "que agotó el plazo de 72 horas legales" y la imagen de los detenidos desfilando ante los medios de comunicación ha provocado la indignación del Partido Popular y el estallido de una polémica en la que han terciado las más altas instancias políticas del país, entre ellas el presidente estatal del PP, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Éste último ha confirmado y avalado la postura de su delegado en Balears, el cual ha pedido disculpas a los conservadores por lo ocurrido y se ha comprometido a abrir una investigación para determinar y sancionar a los responsables.
La polémica no debería desviar la atención sobre el fondo del asunto "las presuntas irregularidades cometidas a raíz de la construcción del Palma Arena", aunque ello no es óbice para que se expliquen algunas cuestiones. Socías debería razonar los motivos por los que exigió un trato de favor para los detenidos en la 'operación Espada', del mismo modo que resulta inadmisible que se incumplan sus órdenes por parte de la cadena de mando policial. En todo caso queda claro que las cosas no se han hecho bien y han acabado mal.