Castro ya había anunciado por la mañana a sus abogados que los detenidos el pasado miércoles por el Cuerpo Nacional de Policía en la 'operación Espada', que no adoptaría decisión sobre sus patrocinados a seguido de la declaración de cada uno de ellos sino al término de los interrogatorios.
Salvo un breve receso para el almuerzo, el magistrado recibió declaraciones desde las diez de la mañana, y seguía haciéndolo a medianoche con el quinto de los detenidos que pasaba a su presencia, el ingeniero Miguel Àngel Rodríguez, de la unión temporal de empresas FCC-Melchor Mascaró, encargada de edificar el Palma Arena.
En la jonada de interrogatorio judicial más prolongada en los sumarios de presunta corrupción político-administrativa desde que a finales de 2006 estallara el 'caso Andratx', los fiscales Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán sometieron a interrogatorios exhaustivos a los detenidos en la 'operación Espada', en presencia y bajo la supervisión del juez José Castro, titular de esta instrucción desde que la Fiscalía de Balears presentó querella criminal el año pasado.
Así, el primero en ser convocado ayer para deducir testimonio, el publicista Miguel Romero, contestó por espacio de casi cuatro horas a las preguntas de los acusadores públicos y a las aclaratorias de su letrado. En su caso, los fiscales apoyaban el interrogatorio en una importante base documental -notablemente facturas con cargo al consorcio del Palma Arena-, suma de la obtenida en las pesquisas policiales y la que fue incautada días atrás en el registro de la agencia de publicidad que regenta.
Tan prolijo interrogatorio a un detenido -que ya había prestado declaración en la Jefatura de Policía de Palma- dio paso a mediodía a un receso de poco más de una hora decidido por el juez para almorzar. En el caso de los cinco detenidos, sus abogados hubieron de encargarse de los bocadillos y el agua para sus patrocinados, ya que en las dependencias de celdas de Vía Alemania no hay previsto servicio de comida.
Poco después de las 15.30 horas fue llamado a declarar Jorge Moisés, que fuera director gerente del Palma Arena. Su testimonio se extendió también por espacio de cuatro horas, en las que los fiscales se interesaron por las deficiencias detectadas en la instalación final, y en el conjunto de proceso de gestación.
El tercer detenido en pasar a disposición judicial, ya a última hora de la tarde, fue el ex director general d'Esports del Govern, José Luis Ballester, que formaba parte del Consorcio público para la construcción del Palama Arena en representación de la Administración que había asumido política y presupuestariamente el proyecto. Los fiscales insistieron en su interrogatorio en el protagonismo del Ejecutivo balear y, por ello, en las dudas que generaba el autoproclamado papel de Ballester como un miembro más de la mesa de decisiones.
Presidente del Consorcio
La comparecencia poco más tarde ante el magistrado de Rafael Durán, ex concejal de Deportes del Ajuntament de Palma y presidente del Consorcio, levantó gran expectación por tratarse del único de los cinco detenidos que durante su estancia de 72 horas en la Jefatura Superior de Policía se había negado a prestar declaración.
Durán habría señalado a preguntas de los fiscales que en su papel de integrante del Consorcio se limitó a avalar lo que los técnicos señalaban sobre las adopción de medidas para finalizar la obra, y que siempre entendió que esos especialistas se entendían fundamentalmente con la dirección general d'Esports del Govern, como responsable principal de la iniciativa de construir un edificio multiusos. En el curso de la declaración del, todavía hoy, portavoz del PP en Cort, se aludió al papel que pudo jugar el ex presidente balear, Jaume Matas, en la toma de decisiones sobre el Palma Arena.