La foto del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, detenido y esposado por la Guardia Civil es su despacho del Consistorio a instancias de los fiscales Anticorrupción, abrió un periodo de investigaciones sobre el delito económico organizado -con dinero público y apoyatura en la prevaricación- en Mallorca. Eran las últimas semanas de 2006 y aún tomaba decisiones en las Illes el Govern presidido por Jaime Matas, quien por cierto había «sugerido» a Hidalgo, cabeza de una lista independiente en el municipio andritxol, para ser número uno de la candidatura del PP en los comicios locales de 2003.
Menos de un año después de esa imagen que dio la vuelta a España, y ya con los 'populares' en la oposición, los mismos fiscales volvieron a la carga pero esta vez con munición para distintos departamentos del anterior Govern, en los que no cuadraban ni las cuentas ni la actuación de quienes las habían tenido a su cargo.
Esta vez el Ejecutivo balear presidido por Francesc Antich pareció contar para sus denuncias sobre la «herencia recibida» de Matas con asesores menos políticos y más conocedores del Código Penal. En vez de emular sus denuncias en conferencia de prensa del periodo 1999-2003, el nuevo Govern decidió poner los hechos y situaciones -pero sobre todo los documentos sospechosos- en manos de la Fiscalía, y que esos profesionales del Derecho valorasen si había caldo para querellas criminales.
Desde los últimos meses de 2007 las dependencias de la Fiscalía de Balears empezaron a colapsarse con ingente material derivado de expedientes administrativos de las consellerias y de las numerosas empresas públicas, con trabajo extraordinario -y no pocas veces nocturno y de fin de semana- de los fiscales especializados y sus auxiliares para separar lo puramente indiciario de lo que cabía tener como denunciable. El Ministerio Público, cabe recordarlo, tiene como misión obtener una condena cuando advierte ilícitos penales, pero debe rehusar de oficio aquellas pesquisas que pueden enquistarse por mucho tiempo sin visos de éxito y con carga para el contribuyente.
Fruto del envío de documentación «sospechosa» desde el Govern y algunos ayuntamientos de Mallorca, notablemente el de Palma, los fiscales especializados de Anticorrupción han promovido sucesivamente querellas, detenciones y sumarios a responsables de empresas públicas como BITEL, de investigación balear en el ámbito de las telecomunicaciones; EMOP, empresa del Ajuntament de Palma con la misión de gestionar obras y proyectos en la ciudad; CDEIB, dedicada a la promoción internacional de Balears; TURISME JOVE, consorcio para la promoción del ocio juvenil de los residentes en Balears; IBATUR, entidad de apoyo para el turismo en el archipiélago; Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca en su actuación para desdoblar la vía Palma-Manacor; EMF, gestora de Cort para los servicios funerarios en la capital, y PALMA ARENA, un consorcio creado especialmente para la construcción del velódromo y espacio multiusos de ese nombre, inaugurado en el campeonato mundial de ciclismo en pista de 2007.