Hasta ayer noche se habían efectuado seis detenciones: El director general de Esports en el último Govern de Matas, José Luis 'Pepote' Ballester; el regidor d'Esports en el Ajuntament de Palma en el citado período y actual portavoz del PP en Cort, Rafael Durán; el que fue gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el empresario Miguel R.C., el arquitecto Ignacio A.S. y el jefe de la UTE del Palma Arena, Miguel Àngel V.R., el cual interrumpió su declaración pasada la medianoche, que se reanudará esta mañana. Se encuentra en libertad con cargos por malversación de caudales públicos.
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Además, hay varias personas que aparecen como imputadas, entre ellas dos hermanos arquitectos, que reconocieron haber cobrado nueve millones de euros. En una declaración que efectuaron a finales del pasado año, ambos dijeron que cuatro millones eran sus honorarios como arquitectos, y sobre el resto, unos cinco millones, «se efectuaron diferentes pagos». Los dos hermanos, al igual que los detenidos y otros imputados aparecen en la querella del fiscal, pero ahora no declararán ante la policía puesto que ya lo hicieron a finales del pasado año.
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Los delitos que se imputan a los sospechosos son los de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, fraude documental y prevaricación.
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Las sospechas que hay sobre el ex director general son las de haber 'desviado' dinero de facturas para la construcción del Palma Arena en connivencia con el arquitecto Ignacio A.S.
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Registros
A lo largo de todo el día de ayer, desde primeras horas de la mañana, se estuvieron llevando a cabo registros en oficinas y domicilios particulares. Por la tarde, los agentes trasladaron hasta la sede de la policía diversas cajas con documentación. Algunas de ellas llevaban las inscripciones 'Fundació Illes Esports','Elecciones municipales PP', 'Mundiales de ciclismo'. Las investigaciones sobre el Palma Arena han durado un año y, a lo largo de este tiempo, se ha ido recopilando una gran cantidad de documentación. A raíz del análisis de la misma se sospecha de que el PP pudo financiar su campaña, o parte de la misma, a través de una empresa. También, desde la misma se habrían sobrevalorado algunas facturas que se cobraron.
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Con respecto al gerente, Jorge Moisés, el mismo aparece en las declaraciones de los dos hermanos arquitectos. Ambos dicen que el citado cargo era el que les decía cómo y dónde debían de invertir los cinco millones de más que cobraron del Consorcio por su trabajo en la construcción del centro deportivo multifuncional.
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La puesta en marcha de la 'operación Espada' fue llevada con mucho sigilo e, incluso, los propios funcionarios del Juzgado de Instrucción 12, que investiga el caso bajo secreto del sumario, desconocían los pasos que iba a dar su jefe, el juez José Castro, quien presidió la comisión judicial encargada de los registros, pese a que el día anterior había estado de guardia.
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Hasta el sábado
El concejal Rafael Durán se negó anoche a prestar declaración, según declaró su abogado, José Ramón Orta, el cual señaló que «ha quedado detenido y no declarará hasta el sábado ante el juez, una decisión que ha tomado él».
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Orta dijo estar «indignado» por la situación judicial de Durán ya que, según él, «se la acusa de un delito de prevaricación que, según el artículo 404 del Código Penal, no lleva aparejada pena de cárcel. No entiendo por qué lo han detenido, él no puede destruir ninguna prueba y no se sustraerá a la acción de la Justicia. Es injustificable que esté detenido».
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Tras indicar que «ninguna documentación incautada es de mi cliente», José Ramón Orta se refirió al estado anímico del político conservador destacando que «está tranquilo y muy sereno y está convencido de que es inocente», reiterando a continuación su indignación por el hecho de que la detención de Durán se prolongue hasta el plazo máximo de las 72 horas, tal y como le advirtió el fiscal, Pedro Horrach.
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