La redacción del anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobado por el Gobierno para su tramitación en las Cortes supone, en principio, la reforma en profundidad de la vigente Ley del Aborto, aprobada en 1985 para liberalizar su práctica. La iniciativa, como era previsible, ha desatado una amplia polémica que tiene visos de acompañar toda la tramitación legislativa de este texto "el PP ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional".
El tema del aborto tiene unas innegables connotaciones éticas y morales sobre las que a título individual cada ciudadano puede expresarse con libertad. Numerosos colectivos ya habían denunciado las carencias de la ley actual, sobre la que se sostenía toda una ficción que ha provocado no pocos problemas legales a médicos y mujeres que han practicado o se han sometido a un aborto.
El nuevo texto tiene algunos aspectos muy positivos respecto al anterior, como la obligación de la sanidad pública de atender todas las peticiones, circunstancia que no ocurre en la actualidad. Muchas mujeres se ven obligadas a acudir a las clínicas privadas ante la imposibilidad de abortar en los hospitales públicos, por la lentitud burocrática o por la objección de conciencia de sus profesionales. A partir de ahora el Gobierno se compromete a pagar aquellos abortos realizados en centros privados por la ineficacia del sistema púbico de salud.
Otros puntos son más discutibles, aunque cuentan con el aval de una comisión de expertos, como son la ampliación de los plazos o dejar la decisión final sobre si llevar adelante o no su embarazo a jóvenes a partir de los 16 años de un modo unilateral.
Es probable que en su paso por el Congreso y el Senado el proyecto de ley introduzca algunas modificaciones, destinadas a suavizar la tensión que esta iniciativa ha provocado en determinados sectores de la sociedad española.