Las clínicas privadas realizan el 95'7 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo de las mujeres de Balears, según los últimos datos de los que dispone el Servei d´Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum.
De los 3.059 abortos legales practicados a mujeres de las Islas en 2007, 2.928 (95'7%) fueron practicados en centros de titularidad privada y 131 (4'3%) en los hospitales de la red sanitaria pública balear.
En las Islas sólo se pueden practicar abortos legales de bajo riesgo (antes de las 12 semanas de gestación) en dos clínicas privadas, y los precios de estas intervenciones oscilan entre los 270 y los 860 euros, dependiendo de las semanas de gestación y de si la mujer que se va a someter a un aborto opta por utilizar anestesia local o general.
El anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobado el jueves por el Consejo de Ministros prevé que «se garantizará» que los abortos se podrán llevar a cabo «dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita» y que el Estado «velará por el cumplimiento efectivo de estos derechos a través de la Alta Inspección Sanitaria».
Consciente de que la mayoría de los abortos se han realizado, hasta ahora, en las clínicas privadas, el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, ha manifestado a Ultima Hora que «llevamos varios meses trabajando en la reorganización de nuestros servicios para garantizar que las interrupciones voluntarias del embarazo se hagan en los hospitales públicos» y que, además, se están preparando convenios con las clínicas privadas para que, en caso de que sea necesario lleven a cabo los abortos «que serán costeados por la sanidad pública».
Por su parte la portavoz del Govern, Joana Barceló, calificó ayer de «positivo» el anteproyecto de ley, que permite que las chicas mayores 16 años podrán abortar sin consentimiento de sus padres debido a que, afirmó «muchas jóvenes» no cuentan con la educación «necesaria» de sus familias para evitar el «hecho puntual» de un embarazo no deseado.
Barceló remarcó que los padres y las escuelas deben ser capaces de dar la información y el apoyo necesario para que las menores de 18 años no se queden embarazadas. Sin embargo, lamentó la portavoz del Govern, «la realidad no esa así, porque hay muchas jóvenes que no cuentan con este apoyo necesario».
Mientras que la Associació de Planificació Familiar de Catalunya y Balears mostró ayer su «apoyo absoluto» al anteproyecto de ley, si bien matizó que algunos aspectos se podrían mejorar, como sería la ampliación de la interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones desde las 14 semanas que prevé el proyecto hasta las 22 semanas.