Uno tras otro, los casos relacionados con la supuesta malversación de caudales públicos iniciaron su periplo judicial muy pocos meses después de que estallara el 'caso Rodrigo de Santos', en marzo de 2008. Ese año, en el que personas vinculadas al PP, muchas de ellas de plena confianza del ex presidente Jaume Matas, marcó un antes y un después en esta clase de actividades delictivas, caracterizadas por meter la mano a la caja del dinero de entidades públicas, es decir, de todos los ciudadanos. El 'modus operandi' es muy similar en la mayoría de las causas: uso abusivo de las tarjetas de crédito Visa facilitadas por las entidades públicas, como en el caso del ex teniente de alcalde de Urbanismo de Cort Javier Rodrigo de Santos, y en Bitel, donde su ex gerente Damià Vidal está imputado por gastar 700.000 euros sin justificarlos, y el pago de comisiones a altos cargos por trabajos encargados a distintos proveedores, como en la 'operación Scala', 'Turisme Jove' y también en el 'caso Bitel'.
Los distintos juzgados que instruyen las causas por malversación de caudales públicos continúan con las diligencias, a la espera de dar traslado a las partes personadas para que califiquen, el paso previo a la apertura de juicio oral. Han declarado, prácticamente, todos los imputados, que han reconocido los hechos.
Fianzas millonarias aseguran la presencia de los principales imputados cada vez que son requeridos por el juez (Damiá Vidal 200.000 euros; Antonia Ordinas 100.000 euros; Kurt Viaene 100.000 euros, Juan Francisco Gosálbez 12.000 euros), mientras los fiscales anticorrupcón Juan Carrau y Pedro Horrach, con la colaboración de Miguel Àngel Subirán, continúan con las investigaciones, siempre con el apoyo de la Policía Nacional, Guardia Civil e inspectores de la Agencia Tributaria.
Pero no es todo. Hay más investigaciones en marcha sobre casos que se llevan bajo secreto que pueden llegar a conocimiento de los jueces en muy pocos días o semanas más.