M.JUNCOSA/L.MOYÀ
Los ciudadanos de Balears soportaron una carga fiscal de 7.409 euros por persona durante el año pasado, la tercera más elevada del país por detrás de Madrid (8.545 euros) y del País Vasco (8.0209 euros), pero la mayor en relación a la renta por persona (29'36 por ciento), tal y como refleja la Memoria Económica y Social 2007 elaborada por el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES).
Esta carga fiscal incluye la totalidad de impuestos que aplican las diferentes administraciones -directos, indirectos y tasas-, aunque los ingresos se distribuyen de forma diferente entre ellas. En concreto, el CES indica que la Administración General del Estado percibe casi el 60 por ciento los impuestos que paga cada ciudadanos de Balears; un 30 por ciento se destina a la Administración autonómica y el 10 por ciento restante a consells insulares y ayuntamientos.
De acuerdo con el informe del CES, la posición de Balears en España en términos de ingresos tributarios «confirma el desequilibrio detectado en las balanzas fiscales -las Islas son la segunda comunidad con mayor aportación fiscal y la última en financiación autonómica por persona- y sitúa a a las Islas como la comunidad más desfavorecida por el sistema actual» de financiación.
En cuanto a la relación de la carga de impuestos y renta por persona, tras Balears se sitúan como comunidades autónomas con mayores desequilibrios la Comunidad de Madrid (28'52 por ciento, Catalunya (26'87 por ciento) y País Vasco (26'86 por ciento).
Directos e indirectos
La memoria Económica del CES indica por otra parte que Balears es la comunidad autónoma con un mayor desequilibrio entre la recaudación generada por los impuestos directos -los que se exigen directamente a las personas o a las empresas como el impuesto de la renta o el de sociedades- en relación a los indirectos -ligados al consumo, caso del IVA-.
La distribución en España es del 52'9 por ciento de recaudación de impuestos directos frente al 41'95 por ciento de los indirectos, mientras que Balears presenta una distribución del 38'74 por ciento frente al 55'72 por ciento, una circunstancia que el Centre Económic i Social explica por los costes de la insularidad y su repercusión en los precios de los bienes de consumo.
El CES rechaza por tanto que esta desviación tributaria se derive del peso del gasto turístico, ya que no se produce en otras Comunidades Autónomas donde también existe una diferencia importante entre la población residente y la visitante, caso de Catalunya, Valencia o Andalucía.
Desglose municipal
El informe del Consell Econòmic i Social pone de manifiesto que no existen grandes variaciones en términos de presión fiscal a nivel de archipiélago balear, si bien señalan que los municipios costeros son los que lideran la clasificación frente a los de interior, más pequeños y con menor impacto de la actividad turística, registrando una diferencia de 5 puntos entre el primero y el último de los municipios.
El desglose sitúa a Deià como el municipio que soporta una mayor carga y también una mayor presión fiscal en el Archipiélago, ya que los 8.152 euros que paga por persona en impuestos representan el 32'30 por ciento del producto interior bruto per capita.
A nivel de carga fiscal en términos monetarios, tras Deià se sitúan los municipios de Calvià (7.929 euros por persona) y Andratx (7.833 euros), Alcúdia (7.789 euros) y Llucmajor (7.075 euros por personas).
Palma, por su parte, registra una carga fiscal de 7.159 euros por persona, lo que la sitúa por debajo de la media de Mallorca (7.313 euros) y una presión fiscal del 29'13 por ciento sobre la renta por capita, siendo la media de la Isla el 28'98 por ciento.
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears explica el hecho de que la presión fiscal a nivel de consells insulars y municipios sea más elevada en las Islas por la falta de recursos de las administraciones locales.
La entidad recuerda que las entidades locales están obligadas por Ley a prestar una serie de servicios a los ciudadanos, circunstancia que obliga a consells y ayuntamientos a cobrar directamente a los ciudadanos por la prestación de estos servicios.
La Memoria del CES recuerda al mismo tiempo que en las Islas existe una gran diferencia entre la población de derecho y la flotante, como consecuencia del turismo, lo que genera todavía mayores gastos a los ayuntamientos.