El concurso de acreedores presentado por la compañía aérea Futura desembocará en un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) tras la decisión del Gobierno de suspender la licencia de la aerolínea hasta el próximo mes de enero.
La Dirección General de Aviación Civil adoptó esa decisión tras rechazar el plan de viabilidad presentado por Futura, que adeuda a sus acreedores unos 50 millones de euros.
La consecuencia inmediata afecta al concurso de acreedores, ya que la inoperatividad de la compañía aérea obligará a los administradores a presentar un informe al juez destacando el hecho de que no se dan las condiciones para asegurar el pago de los salarios de los 1.200 trabajadores, 600 de ellos en Balears.
En ese caso, será el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el que afronte ese gasto, con un máximo de 1.500 euros por trabajador, según las fuentes consultadas por este diario. Antes, se abrirá un periodo de consultas, en el que los representantes de los trabajadores y la administración concursal deberán negociar «de buena fe» para la consecución de un acuerdo.
El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa y de los delegados de personal.