Un hombre ha sido condenado a un año de cárcel por agredir a tres conductores de calesas en la plaza de la Reina de Palma. El acusado, de 31 años y origen ecuatoriano, se declaró culpable en el juicio el pasado martes de tres delitos de lesiones, dos de ellos leves. La jueza acordó la suspensión de la pena de prisión del encausado con la condición de que abone 13.000 euros para las tres víctimas en los próximos dos años por las lesiones ocasionadas. A uno de los perjudicados le rompió dos dientes.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 14.45 horas del 6 de julio de 2022. El acusado, junto a un amigo que ha sido expulsado del país, mantuvieron una discusión con tres conductores de calesas y empezaron a propinarles puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Una de las víctimas sufrió una contusión bucal y perdió dos piezas dentales. Los otros dos heridos presentaban policontusiones y esguinces.
La Policía Nacional detuvo a los dos agresores, que explicaron que uno de ellos tiene un canal de Youtube y que quería hacer un vídeo en broma. Los jóvenes se acercaron a los conductores de las calesas para pedir información sobre los precios. Uno de ellos les dijo el coste y como los chicos no estaban de acuerdo les dio la espalda.
A continuación uno de los agresores se abalanzó sobre él y le hizo un mataleón que le hizo caer al suelo. El asaltante cogió su riñonera intentó huir, pero varios compañeros del perjudicado, que se encontraban a escasos metros, acudieron para ayudarle y se inició una pelea. Uno de los jóvenes se dirigió a los conductores de calesas y les dijo:
-Todo esto es una broma, es una broma.
De repente, propinó un puñetazo en la boca a uno de los conductores y le rompió dos piezas dentales. La Policía Nacional los arrestó y el juzgado en funciones de guardia los dejó en libertad con una orden de alejamiento de la plaza de la Reina.
La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso judicial que el acusado indemnizara a los tres perjudicados con 20.000 euros por las lesiones y secuelas causadas, pero el representante de Ministerio Público rebajó su petición a 13.000 tras alcanzar un acuerdo con el abogado de la defensa, Toni Lluís Antich.