El Partido Popular quiso sacar ayer al PSIB del optimismo con que ha salido de su congreso y denunció lo que llamó «parálisis» del Ejecutivo en materia de Transportes y en su relación con el Gobierno central a la hora de afrontar sus proyectos en infraestructuras. Además, aventuró que si no se toman medidas, la regulación de Spanair no será más que el anticipo de «una crisis aérea generalizada».
Joan Flaquer y Mabel Cabrer solicitaron la comparecencia de varios consellers y criticaron duramente la política de infraestructuras, sobre todo en relación a los convenios de carreteras y los retrasos de cara a la firma del convenio ferroviario.
Cabrer recordó que el Gobierno central sigue sin abonar a la Comunidad Autónoma los 333 millones de euros de los convenios de carreteras firmados en los años 1998 y 2004.
Por ello, los populares presentarán el próximo día 29 de julio en el Parlament balear una Proposición no de Ley en la que pedirán al Govern balear que solicite a la Audiencia Nacional que el Ejecutivo central pague esos 333 millones.
Además, prosiguió Cabrer, del convenio de carreteras rubricado en septiembre de 2007 pasado entre el Ministerio de Fomento y el ejecutivo autonómico, el Govern «tampoco ha gastado» los 66 millones de euros correspondientes a las anualidades de 2007 y 2008 destinados a hacer obras en Mallorca.
Esta partida habría servido para realizar «actuaciones tan necesarias» como, «al menos», iniciar el tercer carril de la vía de cintura o las obras de acceso a es Molinar, pero el Govern está «paralizado», dijo Cabrer.
Según la ex consellera, en el primer año de legislatura, el Ejecutivo balear ni ha firmado aún el convenio ferroviario ni ha iniciado ninguna de sus actuaciones previstas, como la ampliación de la línea férrea hasta Alcúdia y Artà, así como el tranvía de la bahía de Palma.
«El problema está en que ni siquiera tienen proyectos y ahora están peleándose por cómo serán cada uno de los trazados», ha denunciado la diputada autonómica.
Aunque está previsto que el convenio del tren se firme por un valor de 400 millones de euros, el PP reclama que se cumpla un acuerdo del Parlament y que sea de 2.069 millones de euros, es decir el 2 por ciento del valor del Plan Ferroviario Nacional.