La consellera d´Afers Socials, Promoció i Immigració, Josefina Santiago, presentó al Consell Superior d´Acció Social, configurado ayer, el contenido y el estado de tramitación del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Balears, que espera presentar en el Parlament tras el verano y aprobar a finales de este año.
Como se recordará, la futura Ley de Servicios Sociales convertirá en derechos subjetivos aspectos vitales para las personas que hasta ahora dependían de la voluntad política, como son una ingesta mínima de alimentos, dormir bajo un techo o vestirse. Derechos que podrán ser reclamados judicialmente en caso de que la Administración no cumpla.
Y es que, reconoció la consellera, «si alguien piensa que en esta Comunitat no hay gente que pasa hambre, está equivocado».
A partir del momento en que se apruebe la ley, explicó Santiago, se iniciará un plazo de 18 meses para elaborar una cartera de servicios sociales, que se aprobará por decreto, la cual definirá los derechos subjetivos que cualquier persona podrá reclamar.
En virtud a esta nueva ley, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en una situación de necesidad que le impide, por ejemplo, acceder por sí misma a una alimentación suficiente, el Govern estará obligada a ayudarle a través de diversas posibilidades, como comedores sociales, bolsas de alimentos o becas para comedores escolares.
La futura ley, según Santiago, supone «convertir los servicios sociales en el cuarto pilar de bienestar social, junto a la sanidad, la educación y las pensiones».