EUROPA PRESS/L.MOYÀ/M.JUNCOSA
El director de la Asociación de Constructores de Balears, Manuel Gómez, advirtió ayer de que si el Govern, los consells insulares y los ayuntamientos no pagan antes de septiembre los 223 millones de euros que adeudan a un total de 26 empresas de construcción, los empresarios recurrirán al Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar este pago y los intereses.
Gómez consideró que el Govern debe comenzar a publicar los concursos de obra pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), ya que, en caso contrario, la situación del sector de la construcción va a ser «mucho más dura» durante el primer semestre de 2009 que actualmente.
Cartas
El presidente de la Asociación de Constructores, Sebastià Pastor, recordó que la patronal remitió a las administraciones unas cartas en las que recordaba sus deudas pendientes solicitándoles contestación en un plazo de 60 días, momento en el que la patronal analizará la situación y las empresas afectadas tomarán las decisiones que consideren oportunas a nivel individual.
El director de la Asociación de Constructores dijo que son «bienvenidas» las inversiones públicas, si bien consideró que éstas se deben llevar a cabo lo «más diligentemente posible y de la forma menos burócrata». Por otra parte, afirmó que hasta ahora, el Govern sólo ha convocado concursos para la construcción de 40 pisos, cuando, según recordó, el Pacto por la Vivienda preveía edificar 1.000 inmuebles durante este año.
Pastor recordó, no obstante, que el Govern balear ya ha anunciado la solicitud de créditos para hacer frente a estos pagos y consideró que el Consell también buscará sus propias fórmulas para satisfacer estas deudas. «Creemos que tendremos problemas con los ayuntamientos, pero primero hay que esperar a que pasen estos dos meses», afirmó.
Por su parte, el Consell de Mallorca pondrá en marcha, entre 2008 y 2011, un plan de inversiones con el objetivo de ayudar a superar la situación de incertidumbre económica que vive Mallorca. Las inversiones se han presupuestado en 100 millones de euros y se destinarán a dos conceptos. Por una parte, agilizar la contratación de obra pública y, por otra, aumentar los recursos que se destinan a las políticas sociales.
La inversión más importante irá dirigida a la reforma de La Misericòrdia, para la que se destinarán 40 millones de euros a través de la firma de un convenio con el Ministerio de la Vivienda, que aportará el 50 por ciento, y el Govern, que, a cambio, se quedará con el edificio de la conselleria insular d'Obres Públiques. El resto lo aportará el Consell.
Gracias a un protocolo con el Imserso, se destinarán 50 millones para la creación de una nueva residencia y centros de día en Mallorca, así como para adaptar las residencias existentes a la Ley de Dependencia. Asimismo, añadió que el Consell aportará 10 millones de euros para mejorar los edificios del Institut Mallorquí d'Afers Socials, así como los centros de menores y de atención a los inmigrantes.
Para hacer frente a estas inversiones extraordinarias, la presidenta del Consell, Francina Armengol, destacó que todos los departamentos del Consell deberán hacer un «ejercicio de contención de gasto».